Los taxistas de San Luis Potosí, representados por Israel Álvarez Gallegos de la agrupación Extraditables, han expresado su descontento contra las plataformas de transporte privado como Uber. Álvarez sostiene que estas empresas operan de manera ilegal y sin la misma regulación que ellos deben cumplir. Según los taxistas, el conflicto no es directamente contra las aplicaciones, sino contra la falta de acción por parte del gobierno estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para regular estos servicios.
Los taxistas señalan que ellos deben cumplir con una serie de requisitos para poder trabajar legalmente, como estudios de impacto ambiental, pruebas antidrogas y la obtención de licencias que deben renovarse anualmente. Además, argumentan que la concesión para operar como taxista es un proceso largo y complicado, mientras que los conductores de Uber solo necesitan un automóvil y un teléfono móvil.
Según Álvarez, las plataformas no pagan los mismos impuestos ni se les exige lo mismo que a los taxistas. “Hasta las placas y licencias se las regalan”, afirmó, subrayando la percepción de una competencia desleal que está afectando a miles de taxistas y sus familias.
El líder de los taxistas expresó que, ante la falta de regulación estatal, las protestas continuarán. Considera injusto que las aplicaciones de transporte estén creciendo rápidamente, mientras que los taxis, que han estado regulados durante décadas, son ahora superados en número por estas plataformas. “El primero en historia es primero en derecho”, comentó, defendiendo la larga trayectoria de los taxistas en la ciudad.
A pesar de los recientes enfrentamientos entre taxistas y conductores de plataformas, que resultaron en varias personas detenidas y lesionadas, Álvarez insistió en que su lucha es por un trato justo. Asegura que los conductores de Uber están “fuera de la ley” y que el gobierno debe intervenir para regular su actividad de la misma manera que lo ha hecho con los taxistas. Según su opinión, algunos políticos tienen intereses económicos en las aplicaciones de transporte, lo que complica aún más la situación.
Finalmente, Álvarez comparó la situación con permitir que un ladrón realice una manifestación para que le dejen robar, alegando que las plataformas no son simplemente servicios privados, ya que ofrecen sus servicios al público sin la debida regulación.
