Estela Ambriz Delgado
La senadora y dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, junto con el coordinador del grupo parlamentario local Rubén Guajardo Barrera, anunciaron que recurrirán a las instancias jurídicas para que se le tome protesta a Marcelino Rivera Hernández, luego de que Enrique Gerardo Ortiz Hernández asumiera sus funciones como suplente e incluso se declarara como independiente.
Al finalizar la sesión en el pleno del Congreso del Estado, en la que se tomó protesta a los integrantes de la LXIV Legislatura, Rodríguez Hernández afirmó que, al igual que a nivel nacional, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) intenta “a la mala” arrebatar un espacio al PAN. Esto, a pesar de que la diputación de Rivera Hernández está confirmada por una sentencia de la Sala Regional Monterrey y por la declaratoria de validez del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Por su parte, Guajardo Barrera calificó lo sucedido como un atropello por parte de la Mesa Directiva saliente de la LXIII Legislatura, señalando que esto genera responsabilidades. Destacó que el Tribunal Electoral Estatal confirmó que los derechos políticos de Marcelino Rivera Hernández siguen vigentes y que, a pesar de que Morena recurrió a la Sala Monterrey, esta también confirmó los derechos del panista.
Además, el coordinador panista denunció que elementos de la fuerza pública presentes afuera del Congreso empujaron a la senadora Verónica Rodríguez.
“Nosotros tenemos derechos político electorales que una sentencia nos ha dado este registro no vamos a permitir este atropello y vamos a combatir ante la última instancia lo que hoy morena quiere estar con tropeles, no lo vamos a estar y seguimos en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional contamos con todo el respaldo y el apoyo del presidente Marco Cortés, con todo el respaldo y este espacio no nos lo van a quitar y lo que hoy hizo morena y sus aliados fue un atropello”.
Respecto a Ortiz Hernández, quien se asume como diputado sin partido, Rodríguez Hernández indicó que se enviará un comunicado a la Comisión Permanente Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional para revisar la situación. Si se cumplen las causales, se iniciará un proceso de expulsión, dado que lo sucedido en la sesión contraviene los principios del partido.
La determinación de la Sala Monterrey
Hace más de un mes cuando la sala regional Monterrey emitió su determinación, señaló que el derecho político electoral para ser electo y votar en un cargo de elección popular no puede ser restringido cuando la inelegibilidad se basa en una determinación impuesta en un procedimiento administrativo que no es definitivo ni firme, ya que se encuentra controvertida. Por lo tanto, la sanción se encuentra sub judice.
Por su parte, el magistrado Ernesto Camacho Ochoa mencionó que, cuando una persona aspira a un cargo público, en los sistemas con tintes autoritarios se busca inhabilitar a los contendientes. La forma más sencilla o menos complicada de hacerlo es mediante procedimientos administrativos de responsabilidad, en los cuales no interviene el poder judicial ni se requiere la participación de otro poder, y donde no existe una separación de poderes. En estos casos, los mismos integrantes de un órgano administrativo se encargan de inhabilitar a los posibles aspirantes.
Agregó que el procedimiento de responsabilidad, no definido de manera determinante y revisado por una autoridad judicial, deja a la persona en una situación que merece referencia y atención.
