AYOTZINAPA SEPULTA EL SEXENIO DE AMLO

El Radar
Por Jesús Aguilar
Se llegó el día, el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el hecho que dinamitó con anticipación el sexenio de Peña Nieto y que ahora sepulta al de AMLO y que nos coloca en una encrucijada histórica.
Lo que en 2018 fue prometido como un acto de justicia por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hoy parece haberse desmoronado en la arena de las complicidades y las luchas políticas internas.
El 27 de septiembre de aquel año, López Obrador se comprometió ante los familiares de los jóvenes a encontrar la verdad y castigar a los responsables. Un compromiso moral y político que resonó con fuerza en la sociedad mexicana. Sin embargo, a seis días de que termine su sexenio, la promesa de esclarecer el caso se ha reducido a un escenario de confusión y engaño.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien fue el rostro visible de la Comisión para la Verdad, también ratificó su compromiso en mayo de 2019: encontrar a los jóvenes con vida y hacer justicia. Hoy, esas mismas palabras parecen una condena para quienes las pronunciaron. Encinas y el fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo, no solo fallaron en su intento, sino que también contribuyeron a fabricar una nueva versión de la verdad, una “verdad alterna” que resultó ser una mentira.
Desde la perspectiva de los críticos, el gobierno de López Obrador, en su intento de encontrar un crimen de Estado, dirigió la investigación hacia las fuerzas armadas, intentando culpar a generales, tenientes y soldados, así como a altos funcionarios del gobierno anterior. Sin embargo, el resultado fue una narrativa llena de inconsistencias y fabricaciones.
La renuncia de Gómez Trejo en 2022 y la retirada de apoyo de López Obrador a Encinas marcan un giro dramático en esta historia. El presidente, quien inicialmente avaló las órdenes de aprehensión contra 16 militares, reculó y, según algunos observadores, sacrificó a Encinas en el proceso. Con esto, la “verdad alterna” comenzó a desmoronarse, y la llamada “verdad histórica”, que había sido desechada por el obradorismo, volvió a cobrar fuerza.
El exprocurador Jesús Murillo Karam, bajo arresto domiciliario por acusaciones de encubrimiento y desaparición forzada, vuelve al centro de la polémica, ya que su versión original de los hechos parece estar resurgiendo. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de reponer el proceso de delincuencia organizada contra miembros de Guerreros Unidos y la aprehensión de figuras clave como Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Chereje”, y Gilberto López Astudillo, “El Gil”, refuerzan esta narrativa.
El fallo de la Corte desestima el criterio de oportunidad que Encinas y Gómez Trejo habían otorgado a algunos de estos criminales, quienes fueron utilizados como testigos clave para inculpar a los militares. La reposición del proceso contra estos sicarios y la revalidación de la investigación inicial de la fiscalía de Guerrero, encabezada por Iñaki Blanco, apuntan a que la versión original de los hechos, conocida como la “verdad histórica”, estaba mucho más cerca de la realidad de lo que el gobierno de López Obrador quería aceptar.
Hoy, tras una década de incertidumbre, los normalistas siguen desaparecidos y el país enfrenta una profunda crisis de confianza en sus instituciones de justicia. Mientras que los verdaderos responsables del crimen, según esta última resolución, parecen estar regresando a la cárcel, la promesa de López Obrador de hacer justicia ha quedado en entredicho.
El tiempo ha revelado la fragilidad de la “verdad alterna” y la fortaleza de la narrativa original que tanto se criticó. Al final del sexenio, el legado de López Obrador en torno a Ayotzinapa no es el de un presidente que resolvió el caso, sino el de uno que quedó atrapado en el mismo laberinto de corrupción y complicidad que tanto denunció. La verdad sobre el destino de los 43 sigue siendo un misterio doloroso, y la justicia para sus familias parece cada vez más lejana.
A horas de la apro bación de la “militarización” del pais, después de un increible incremento en las facultades y atribuciones del ejército, Claudia Sheinbaum recibirá un gobierno sostenido en alfileres, con muchas más dudas que claridades, Estados Unidos desclasifica la vinculación de Bartlett con los hechos que lo hicieron cómplice desde los gobiernos del más rancio priísmo histórico de quienes del lado de los tótems del narco nacional Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero de lo que siempre se supo como un secreto a voces, su vinculación en la muerte del agente de la D.E.A. Enrique “Kiki” Camarena Salazar.