A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
La situación de violencia en México ha llegado a niveles alarmantes, como lo demuestra el reciente asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Arcos fue decapitado apenas seis días después de asumir el cargo, en lo que parece ser una acción vinculada a los cárteles del crimen organizado que controlan gran parte del estado de Guerrero. Este asesinato ocurrió después de la ejecución del secretario de gobierno local, Francisco Tapia, subrayando la influencia de los grupos criminales en las instituciones políticas de México.
Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, ha heredado un país asolado por la violencia relacionada con el narcotráfico. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, más de 450,000 personas han sido asesinadas, y el control territorial por parte de los cárteles sigue creciendo. Guerrero, junto con estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, es de los más afectados, y la violencia política, como la dirigida contra Arcos, está al alza.
Sheinbaum ha prometido presentar una nueva estrategia de seguridad este 8 de octubre, con un enfoque especial en los estados más golpeados por la violencia. Sin embargo, la magnitud del problema plantea serias dudas sobre si el Estado mexicano ha sido rebasado. La capacidad de los cárteles para secuestrar, ejecutar y decapitar a figuras políticas indica un nivel de control territorial y social alarmante.
La posibilidad de tipificar crímenes como la decapitación de funcionarios como actos terroristas podría abrir la puerta a un mayor apoyo internacional. Al igual que los ataques del narcotráfico en Colombia en los años 80 y 90, estos actos tienen claros elementos de terrorismo, pues buscan sembrar el miedo y debilitar al Estado. Considerar tales crímenes bajo esta perspectiva legal podría facilitar el acceso a ayuda externa, tanto en términos de cooperación internacional como de recursos financieros y tecnológicos para combatir el crimen organizado. Sin embargo, cualquier reforma debe superar obstáculos políticos y legales internos, y requerirá un consenso sobre la naturaleza de la amenaza y la intervención extranjera.
México se enfrenta al inmenso reto de hacer frente al omnipresente poder del crimen organizado, especialmente de los cárteles del narcotráfico. Se han intentado varios modelos de combate, pero la violencia ha aumentado en los últimos años, impulsada por varios factores, como la fragmentación de los cárteles, las guerras territoriales y la debilidad del Estado de Derecho. En 2022, la violencia se intensificó en regiones clave como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, con el crimen organizado controlando importantes zonas del país.
Uno de los modelos utilizados para combatir a los cárteles de la droga implica la fuerza directa del ejército y la policía. Sin embargo, este enfoque a menudo ha dado lugar a la fragmentación de los cárteles, lo que ha provocado aún más violencia. Por ejemplo, la caída de Joaquín «El Chapo» Guzmán desencadenó luchas internas en el cártel de Sinaloa, que, a pesar de mantener inicialmente una estructura de liderazgo estable, vio cómo grupos disidentes se disputaban el control del lucrativo tráfico de drogas. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha adoptado una estrategia aún más agresiva, tratando de dominar nuevos territorios mediante el uso de una violencia brutal, similar a los métodos de los Zetas en el pasado.
Las fuerzas de seguridad mexicanas han tenido dificultades para contener esta violencia, en parte debido a la corrupción y a la insuficiencia de recursos. Algunos expertos sostienen que centrarse sólo en decapitar a los líderes de los cárteles es insuficiente, ya que conduce a vacíos de poder que empeoran las guerras internas. Una estrategia más global podría consistir en atacar los activos financieros de estas organizaciones. La ley de «extinción de dominio» permite a las autoridades incautar bienes de los delincuentes, lo que es fundamental para desmantelar los cimientos económicos de los cárteles. Algunos estados del norte, como Tamaulipas, han tenido éxito con unidades especializadas de inteligencia financiera, que se centran en desarticular las empresas criminales atacando el blanqueo de dinero y otras actividades financieras ilícitas. Sin embargo, la coordinación entre las autoridades federales y estatales sigue siendo un reto importante.
Además, algunos analistas sugieren que la violencia debería tratarse como terrorismo, especialmente cuando los cárteles emplean tácticas como decapitaciones y ejecuciones masivas. La reclasificación de tales actos podría abrir la puerta a la cooperación internacional, incluida la ayuda militar y de inteligencia de otras naciones.
La complejidad de esta situación pone de relieve la necesidad de un enfoque multifacético que incluya la mejora de la aplicación de la ley, la lucha contra la corrupción sistémica y la aplicación de reformas sociales y económicas sólidas para socavar el reclutamiento y la influencia de los cárteles. Sin embargo, el camino a seguir está plagado de retos, ya que los cárteles evolucionan y siguen aprovechándose del débil marco institucional de México.
El camino hacia una solución es largo y complejo, pero es evidente que la violencia actual en México tiene características de guerra, y una respuesta integral, tal vez con apoyo internacional, podría ser la única salida para evitar que el país siga cayendo en el caos.
