LUTZOW, EL NUEVO CHIVO EXPIATORIO

DESTACADOS, OPINIÓN, RADAR

El Radar
Por Jesús Aguilar

Chivo expiatorio es un término que proviene de un ritual descrito en la Biblia (Levítico 16), en el cual un sacerdote judío transfería simbólicamente los pecados del pueblo a un chivo, que luego era enviado al desierto para cargar con la culpa de todos.
En concreto, un chivo expiatorio en política se refiere a una persona o grupo que es culpabilizado públicamente por problemas, errores o delitos, para desviar la responsabilidad de los verdaderos culpables o para proteger a los poderes involucrados en esos problemas. En este contexto, el chivo expiatorio es usado estratégicamente para aliviar la presión política, distraer a la opinión pública de cuestiones más profundas o para dar la apariencia de que se están tomando acciones contra la corrupción o la mala gestión, cuando en realidad los responsables más importantes permanecen impunes.
El uso de chivos expiatorios ha sido una estrategia política recurrente en la historia de México, especialmente en el contexto de las acusaciones de corrupción. Este fenómeno se manifiesta cuando un gobierno entrante, para legitimarse ante la opinión pública, señala a funcionarios de administraciones anteriores como los responsables de los males del país, mientras se protege a otros actores más poderosos mediante pactos de silencio.
Este recurso no solo sirve para encubrir casos de corrupción más graves, sino que también actúa como una cortina de humo que desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el gobierno en turno.
Desde el siglo XX, en México se ha consolidado un sistema político en el que el autoritarismo y los pactos de poder se entrelazan con la retórica del combate a la corrupción.
Todos acusan lo mismo que practican y para curarse en “salud” atacan al eslabón más débil.
Durante los años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la escena política durante siete décadas, fue común que presidentes en funciones o en sus últimos años de mandato señalaran a algunos de sus colaboradores o predecesores como responsables de la corrupción. Estos chivos expiatorios eran expuestos públicamente, mientras las redes más amplias de corrupción permanecían intactas.
Detrás de estos actos simbólicos, a menudo se esconden pactos de silencio que benefician a los actores políticos más poderosos. Estos acuerdos son una forma de protección mutua entre las élites políticas y económicas, donde los funcionarios salientes aseguran la impunidad de los suyos a cambio de no exponer los actos de corrupción del nuevo régimen. De esta manera, los verdaderos responsables de la corrupción permanecen en la sombra, operando a través de redes de poder que continúan influyendo en las decisiones del Estado.
El uso de chivos expiatorios no solo responde a la necesidad de mostrar una falsa moral de transparencia y rendición de cuentas, sino que también sirve como una herramienta para desviar la atención de los problemas más urgentes. Los medios de comunicación, muchas veces controlados o influenciados por el gobierno, juegan un papel crucial en la construcción de estas narrativas. Los escándalos de corrupción de administraciones anteriores ocupan los titulares, mientras los problemas actuales —como la falta de resultados en seguridad, salud o economía— quedan relegados.
El exsecretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por su participación en la compra fraudulenta de un pesticida para combatir el dengue durante su gestión. La Fiscalía General del Estado lo acusó de participar en una compra simulada de 32.7 millones de pesos en 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Aunque no se presentó evidencia de que Lutzow hubiera recibido un beneficio económico o firmado los contratos involucrados, el tribunal basó su fallo en los testimonios de varios funcionarios, incluyendo su sucesor, quienes señalaron su participación en las reuniones relacionadas con la compra.
Lutzow Steiner calificó el proceso como un “teatro” y afirmó que la Fiscalía y el Tribunal actuaban bajo presión política. Su defensa argumenta que no se demostró su implicación directa y que algunos testigos cayeron en contradicciones durante el juicio, lo que fortalece la percepción de que su condena podría estar motivada por intereses políticos. La defensa de Lutzow planea apelar la sentencia, cuestionando la falta de pruebas sólidas y acusando al sistema judicial de seguir una agenda politizada.
En información que presentó Astrolabio ayer se consigna con claridad que inclusive la Fiscal tiene datos que contradicen versiones sobre otros implicados.
https://www.astrolabio.com.mx/fge-se-contradice-sobre-supuestos-coparticipes-en-el-caso-de-lutzow-steiner/
Este caso es un ejemplo más del debate sobre la politización del sistema judicial en México, donde se acusa a las autoridades de usar los procesos legales como herramienta de persecución política, lo cual debilita la confianza en la imparcialidad de la justicia
Este manejo político tiene consecuencias graves en la percepción pública. La estrategia de crear chivos expiatorios fomenta el escepticismo y la desconfianza hacia las instituciones.
Cuando se exponen casos aislados de corrupción pero no se atacan las estructuras más grandes que la facilitan, la ciudadanía percibe que no hay un verdadero cambio, sino una rotación superficial de nombres. Este ciclo perpetúa la desilusión, lo que debilita el tejido democrático y alimenta el cinismo hacia los procesos electorales.
El desafío para México y el foco en San Luis Potosí, no es solo identificar y castigar a ciertos individuos, sino romper con los pactos oscuros que protegen a las redes de corrupción que trascienden las administraciones. Solo con un verdadero compromiso con la transparencia y la justicia se podrá superar este ciclo y restaurar la confianza en las instituciones.

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