La LXIV Legislatura aprobó una reforma a la Constitución que fortalece el papel del Estado en áreas estratégicas, especialmente en el sector energético. La iniciativa modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue aprobada por mayoría en una Sesión Ordinaria.
El objetivo principal de la reforma es reconocer la energía como un elemento estratégico clave para el desarrollo y la seguridad del país. Busca garantizar el acceso a los recursos energéticos y asegurar que su uso sea eficiente y en beneficio de la población.
Entre las metas de la reforma se destaca el fortalecimiento del Estado y las empresas públicas para garantizar la suficiencia y autonomía energética, así como el acceso universal a la electricidad, considerada ahora un derecho humano. Además, se estipula que la planificación y control del sistema eléctrico nacional deberán enfocarse en asegurar la autosuficiencia energética y ofrecer electricidad a un precio justo.
Otra medida clave es la declaración del internet como un servicio público estratégico. La reforma busca garantizar que todos los mexicanos, especialmente en zonas rurales, tengan acceso a internet, un recurso esencial para la educación y el desarrollo económico. Asimismo, se alinean los objetivos de la reforma con la Agenda 2030, promoviendo la educación de calidad y la reducción de desigualdades.
Finalmente, la reforma establece que las empresas particulares no deben prevalecer sobre las públicas en la provisión de servicios energéticos, y elimina el concepto de empresa productiva del Estado, priorizando el bienestar social sobre las utilidades económicas.
