EL DEMONIO DE LA OPACIDAD DESATADO

El Radar por Jesús Aguilar

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de San Luis Potosí, un órgano originalmente creado para salvaguardar el acceso a la información pública, enfrenta una crisis de legitimidad y efectividad, reto a quien piense lo contrario a un debate público.
En lugar de ser un garante de la transparencia y la rendición de cuentas, se encuentra inmersa en prácticas que levantan sospechas de opacidad y confusión sobre su rol.
Pero al márgen de los vicios locales y desapego de los últimos gobiernos en el tema, es una muestra palpable de una tendencia preocupante en el contexto político de México, donde el oficialismo busca erosionar la autonomía de los organismos independientes, poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y socavando la confianza en las instituciones.
El caso de la CEGAIP y su desconexión con la transparencia
El caso que involucra a la CEGAIP y su actual presidente, José Gerardo Navarro Alviso, revela cómo los órganos encargados de velar por la transparencia pueden actuar en contra de sus propios principios fundacionales. Astrolabio dio a conocer cómo un solicitante pidió acceso al expediente de la entrega-recepción de la gestión de David Menchaca Zúñiga, expresidente de la CEGAIP, y al estatus de recursos de revisión presentados entre 2018 y 2024. Sorprendentemente, Navarro Alviso, en lugar de garantizar el acceso, promovió un acuerdo de reserva aprobado por el Comité de Transparencia, alegando que la divulgación de estos documentos “comprometería la percepción pública” tanto de Menchaca Zúñiga como del propio organismo. Menchaca Zúñiga su antecesor brilló justamente por su gris gestión y chambismo.
El acuerdo de reserva aprobado por el comité se sustenta en una confusión evidente entre los expedientes administrativos de entrega-recepción y los documentos del procedimiento de acceso a la información. Navarro Alviso argumentó que la divulgación de los informes pondría en riesgo la percepción pública, ignorando que estos informes son de naturaleza pública y que la ley obliga a su difusión. El principio de máxima publicidad, consagrado en la Ley de Transparencia, estipula que toda la información generada por un sujeto obligado, como es el caso de la CEGAIP, debe ser accesible a la ciudadanía.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio en el que los órganos autónomos de México, como los institutos de transparencia, enfrentan presiones para subordinarse a los intereses del gobierno en turno. El oficialismo continuado por la 4T ahora liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca desmantelar gradualmente las instituciones que fueron diseñadas para actuar como contrapesos al poder, erosionando su autonomía y capacidad de actuar en beneficio del interés público.
En años recientes, hemos visto cómo otros organismos independientes, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), han sido blanco de ataques políticos que buscan debilitarlos. La tendencia es clara: el actual gobierno no solo desconfía de los organismos autónomos, sino que pretende asumir el control de la transparencia y la rendición de cuentas bajo un esquema de intereses partidistas. La reciente disolución de facto del INAI, al bloquear los nombramientos necesarios para su funcionamiento, es una señal de alerta sobre el futuro de la transparencia en México.
La opacidad en las instituciones tiene un impacto directo en la sociedad. La falta de acceso a información pública no solo vulnera el derecho ciudadano a conocer el uso y destino de los recursos públicos, sino que también genera un clima de desconfianza. Los ciudadanos quedan indefensos frente a la falta de mecanismos que les permitan vigilar la gestión de sus gobernantes.
En el caso de la CEGAIP, el argumento de que la divulgación de los informes podría “comprometer la percepción” de los comisionados es una muestra de la desconexión entre la retórica oficial y las acciones concretas. Los informes que se pretendieron reservar no solo son públicos por ley, sino que debieron ser difundidos proactivamente en la Plataforma Estatal de Transparencia. El propio acuerdo de reserva, al señalar que las irregularidades detectadas podrían ser reportadas a la autoridad competente, refuerza la sospecha de que se están ocultando situaciones que podrían ser comprometedores para los funcionarios involucrados.
Lo que está en juego es mucho más que un expediente administrativo. Este tipo de prácticas erosiona los fundamentos mismos de la democracia. Los organismos autónomos surgieron como una respuesta a la necesidad de contar con mecanismos de control y vigilancia que no dependieran directamente del gobierno, garantizando así un ejercicio del poder más equilibrado y responsable.
Sin embargo, el creciente intento de centralizar el control sobre la transparencia bajo la tutela del partido gobernante pone en peligro estos avances. Las decisiones arbitrarias, como el acuerdo de reserva de la CEGAIP, o el bloqueo de instituciones clave, como el INAI, reflejan una deriva hacia la consolidación de un poder menos transparente y menos accountable ante la ciudadanía.
Hoy la CEGAIP potosina es un ejemplo claro de cómo la transparencia en México enfrenta una crisis profunda. La opacidad, la manipulación de la información y la confusión sobre el rol de los organismos autónomos están minando la confianza en las instituciones.
La tendencia oficialista de controlar y desmantelar estos órganos refleja un claro retroceso democrático que, si no se detiene, podría tener consecuencias graves para el futuro de la rendición de cuentas en el país.
La solución pasa por fortalecer las instituciones, blindarlas contra los intereses partidistas y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de manera plena y efectiva. Solo así se podrá frenar la deriva hacia un sistema menos transparente y menos democrático. ¿Quién se suma?