La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada por el Papa Francisco, ha solicitado que las víctimas de abuso sexual tengan mayor acceso a la información sobre sus casos y derechos de compensación. En su primer informe anual, la comisión destacó la necesidad de que la Iglesia actúe con mayor transparencia, especialmente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la oficina del Vaticano encargada de gestionar las denuncias de abuso. La falta de datos y la lentitud en el proceso han generado desconfianza y un trauma adicional para las víctimas, según el informe.
La comisión, formada en 2014, ha enfrentado diversos retos para consolidarse en su labor de apoyo a las víctimas y prevención de abusos. Ahora, con una estructura más estable, ha logrado trabajar en regiones con menos recursos, como México y Papúa Nueva Guinea, donde las barreras culturales y económicas complican la aplicación de protocolos de protección.
El informe también enfatiza la importancia de compensaciones económicas y públicas para las víctimas, además de plantear la creación de un abogado especial en el Vaticano que actúe en defensa de sus derechos. A nivel general, la comisión subraya la necesidad de ampliar la protección para “adultos vulnerables”, incluyendo religiosas y seminaristas, quienes también pueden ser objeto de abuso de poder.
La solicitud del Papa Francisco en 2022 de evaluar los avances en la gestión de casos de abuso fue respondida en este reporte, el cual también insta a fortalecer la colaboración y hacer más accesible la labor de la oficina encargada de estos asuntos.
