DISPAROS DE ALERTA EN EL ANTRO RED

El Radar
Por Jesús Aguilar
El pasado fin de semana, la capital potosina fue escenario de una violenta riña campal en el antro RED Nite, ubicado en la calle Himalaya, ya se ha confirmado que hubo balazos.
Este incidente, que ha generado alarma entre los ciudadanos y las autoridades, pone nuevamente en la mira la complicada gestión y el control de los espacios nocturnos en San Luis Potosí.
El presunto propietario del establecimiento, Jorge Vasilakos, ya cuenta con un vínculo con la tragedia: en 2012, otro de sus bares, Play, estuvo involucrado en el asesinato de la edecán Karla Pontigo, un episodio que dejó una huella oscura en la memoria colectiva de la ciudad. Las autoridades de San Luis fallaron claramente y el tema tuvo que llegar en tercera instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder ofrecer al menos una esperanza de remediación a la asolada familia.
La riña en RED, que se desencadenó en un ambiente donde se supone que debería prevalecer la diversión y la convivencia, demuestra la falta de control en estos espacios que, lejos de ser refugios de esparcimiento, se han transformado en terrenos propensos a la violencia y el desorden.
Este nuevo episodio no solo amplía la preocupación en torno a la seguridad pública, sino que también plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la gestión de estos antros.
¿Red tiene permisos en órden?
¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se imponen?
¿Hay un método para exhibir los espacios que no cumplen con las mínimas condiciones para operar legalmente?
¿Los jóvenes consumidores y los padres de familia conocen a dónde van sus hijos?
¿Hasta dónde aplica la sobada política de Tolerancia Cero?
¿Van a salir a decir otra vez en la Fiscalía que los baleados eran parte de grupos “generadores de violencia” sin atacar las causas de fondo?
La memoria del caso Rich surge como un tremendo recordatorio de lo que puede suceder cuando los que deben involucrarse no lo hacen, o al menos no lo hacen en la conciencia de servir a la comunidad.
Por supuesto vuelve a cuestionar la eficacia y el “control” que tienen las autoridades municipales y estatales, sin que con ánimo de politizar se puedan echar la pelota.
El contexto es complejo y las responsabilidades se distribuyen entre los diferentes niveles de gobierno. Las autoridades municipales, encargadas de otorgar los permisos de operación y garantizar la seguridad pública, deben estar al tanto de los antecedentes de los propietarios y de cómo se manejan estos lugares.
La falta de un protocolo efectivo que garantice la seguridad de los asistentes es evidente. Según la legislación vigente, se requiere que los propietarios mantengan medidas de seguridad adecuadas, pero la realidad es que muchas veces se ignoran estas regulaciones, dejando desprotegidos a los usuarios.
Además, el papel del gobierno estatal y federal no puede ser subestimado. La colaboración interinstitucional es esencial para abordar la violencia y el crimen organizado que a menudo se infiltran en estos ambientes. La coordinación entre la policía, las fiscalías y los organismos de seguridad debe ser más efectiva para prevenir que estos lugares se conviertan en focos de violencia.
La ausencia de la Fiscalía General de la República en San Luis es notable también, un fantasma que espanta, pero por su ominosa omisión permanente.
A la 4T no le importa el estado, eso de cualquier forma ya lo sabemos.