El Congreso del Estado de San Luis Potosí trabaja en una propuesta para que el gobierno estatal asuma las funciones de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), en caso de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desaparezca. Esta propuesta busca garantizar el derecho a la información mediante la Contraloría Estatal u otra Secretaría del Ejecutivo, con un diseño adecuado que asegure este derecho de manera menos costosa y burocrática, según explicó el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
“Queremos un modelo de gobierno más eficiente y accesible, donde el acceso a la información no represente una carga económica innecesaria para los ciudadanos,” comentó Arreola. Su planteamiento considera que organismos autónomos, como la CEGAIP, son onerosos e ineficaces y propone que sea el propio gobierno estatal quien asuma la tarea de gestionar el acceso a la información.
Preocupación por el impacto en la transparencia
Por otro lado, el presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, expresó su preocupación por la propuesta de eliminar al INAI y otros órganos autónomos. En su opinión, esto podría comprometer la transparencia y la rendición de cuentas, valores esenciales para la democracia. Navarro indicó que, de aprobarse esta reforma, los estados aún podrían legislar y mantener sus propios organismos de transparencia, aunque advirtió sobre posibles ambigüedades en la aplicación de estas reformas.
“La plataforma estatal de transparencia es una herramienta vital para los ciudadanos, permitiendo acceso directo a información sobre el gasto público y sancionando a los incumplidos. El riesgo de centralizar estas funciones es que el Estado se vuelva juez y parte en temas de transparencia,” señaló Navarro.
Derecho a la transparencia en manos del Estado
La reforma propuesta también plantea transferir el cuidado de la transparencia y protección de datos personales a la Secretaría de la Función Pública. Esto, para Navarro, significaría que el derecho humano a la transparencia volvería a manos del Estado, generando incertidumbre sobre la imparcialidad en su administración.
En las próximas semanas, la reforma podría pasar al Constituyente Permanente, integrado por los Congresos estatales, donde al menos 17 legislaturas deberán aprobarla para que entre en vigor a nivel federal.
