Por Alan Imanol García Méndez
Contexto actual.
Recta final del 2024, y vaya días tan ajetreados con cambio en la administración pública federal, elecciones en el país vecino Estados Unidos de América, nueva legislatura, entradas y salidas en el ejecutivo de la entidad, próximas elecciones del comité estatal del PAN, la despenalización del aborto y San Luis preparándose para las porciones elecciones por la gubernatura en 2027.
No es sorpresa de nadie la llegada de personas cada vez más incompetentes y escasas de preparación a cargos públicos y ahora existe una gran incertidumbre respecto a la efectividad que tendrá el poder judicial con una interpretación arcaica como la gramatical que limita y restringe a los Derechos Humanos y con la elección popular de jueces y magistrados. ¿Qué riesgos conlleva esto?
El romper con el status quo dentro del poder judicial era una tarea pendiente y necesaria desde que se llevó a cabo la reforma constitucional del 94, pero ¿Está reforma será la solución? El tiempo nos dará la respuesta, en lo personal considero que un hay personas limitadas sin conocimiento y preparación para ostentar estos cargos. La responsabilidad y seriedad que implican no es la que encontramos en el funcionario público promedio ya sea a nivel nacional, estatal o municipal tanto en el ejecutivo como en el legislativo, esperemos mayor rigor y profesionalismo en el Poder Judicial, pero no podemos dejar en las manos de los gobernantes estas decisiones. Los funcionarios están para atender las necesidades y problemáticas de la población y no hay mecanismos útiles y transparentes para atender a estas o para escuchar las propuestas de la propia ciudadanía.
Ley de participación ciudadana.
El día viernes 9 de noviembre tuve el reconocimiento de la mano de Fernando Rodríguez y Gabriela Silva de recibir el primer lugar del Premio Estatal de Gobierno Abierto de parte de Contraloría General del Estado con la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, pero ¿Qué buscamos con esta iniciativa?
Esta propuesta es el resultado de un esfuerzo colectivo y de la firme convicción de que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para el fortalecimiento de nuestra sociedad, democracia y la mejora de la calidad de vida en nuestras comunidades y entornos más directos.
Históricamente, han existido esfuerzos en legislaturas anteriores para establecer un marco normativo que facilite la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. La Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 2 de diciembre de 2021 y cuya última reforma se realizó el 11 de diciembre de 2023, ha sido un paso importante en este sentido. Sin embargo, es crucial reconocer que esta ley, aunque valiosa, no abarca la totalidad de mecanismos y herramientas necesarias para garantizar una participación efectiva y vinculante de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La carencia de una ley de participación ciudadana a nivel federal es un claro indicador de la falta de voluntad política. Al observar el panorama actual, notamos que el referéndum está contemplado en 27 estados, mientras que el plebiscito en 26; sin embargo, el acceso a la iniciativa popular está limitado a sólo 19 estados, incluyendo a San Luis Potosí. Este limitado acceso a la participación directa de los ciudadanos en el proceso legislativo es una de las razones que justifica la creación de una ley robusta que complemente la existente Ley de Juntas de Participación Ciudadana y la Ley de Referéndum y Plebiscito de nuestro estado.
A través de esta iniciativa, buscamos garantizar que la participación ciudadana sea un pilar fundamental en la construcción de un Estado más justo, equitativo y transparente. Creemos firmemente que la inclusión de estas disposiciones en la legislación potosina no solo fortalecerá la democracia en nuestro estado, sino que también fomentará un ambiente propicio para la cooperación entre la ciudadanía y el gobierno.
La colaboración de la ciudadanía, el activismo y las instituciones serán la clave para construir el San Luis que queremos.