En San Luis Potosí, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Arturo Morales Silva, afirmó que actualmente no existen procesos judiciales en la entidad por el delito de aborto. Sin embargo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contradicen esta declaración, indicando que desde 2020, al menos 48 mujeres han sido detenidas por interrumpir su embarazo, es decir, criminalizadas por aborto.
Según el SESNSP, se han registrado de manera constante nueve detenciones anuales entre 2020 y 2022, con un aumento a 12 casos en 2023. En 2024, el registro hasta septiembre muestra nueve detenciones más, lo que evidencia la persistencia de casos de aborto penalizados en la entidad, incluso en meses recientes.
Esta controversia se da en el marco de la reciente despenalización del aborto en el estado, lograda el pasado 7 de noviembre en el Congreso local con 20 votos a favor y cuatro en contra. La reforma permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, lo que representa un cambio histórico para los derechos reproductivos de las mujeres en San Luis Potosí.
Morales Silva explicó que, tras la despenalización, los casos en curso por el delito de aborto deberían ser sobreseídos, es decir, suspendidos de acuerdo con el Código de Procedimientos. La reforma, además de permitir la revocación de los procesos judiciales activos, busca que las mujeres de San Luis Potosí ya no enfrenten consecuencias legales por ejercer su derecho a decidir