Entre protestas y pancartas de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 347 votos a favor y 128 en contra la reforma constitucional para extinguir siete organismos autónomos.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los legisladores discutirán el dictamen en lo particular hasta mañana jueves.
¿Cuáles organismos autónomos desaparecerán?
Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución prevén la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como órganos autónomos.
Plantea también eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sin embargo, la mayoría parlamentaria de Morena presentará durante la discusión en lo particular una reserva al dictamen para crear un órgano descentralizado y con independencia técnica que asumiría las funciones de la Cofece y el IFT en materia de combate a los monopolios en los ámbitos económico y de telecomunicaciones.
¿De qué trata la iniciativa?
El proyecto señala la necesidad de una reorganización administrativa en congruencia con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia, argumentando que, “desde su creación y hasta 2024, se ha asignado a los organismos que se pretende extinguir la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos”.
Al fijar el posicionamiento de Morena a favor del dictamen, la diputada Olga Sánchez Cordero sostuvo que la reforma dejará a salvo derechos ciudadanos como el acceso a la información y permitirá reducir los costos de la administración federal.
“Cuando la realidad demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio, ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos, (…) se se hace evidente la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarde los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración”, remarcó.
