Organizaciones locales como ILE SLP y Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C. presentaron este jueves una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para reformar el artículo 150 del Código Penal. El objetivo es ampliar las causales de exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto, atendiendo precedentes jurídicos y demandas sociales actuales.
La propuesta incluye causales como:
Estupro.
Implantación de óvulos sin consentimiento.
Pobreza extrema.
Riesgos para la salud o vida de la persona gestante.
Malformaciones fetales graves.
Además, busca eliminar la exigencia de denuncia previa en casos de violación, alineándose con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y garantizar el acceso a procedimientos seguros, incluso ante objeciones de conciencia del personal médico.
“Eliminar barreras legales para proteger a mujeres y personas gestantes”
Nuria Serrano, representante de Colectiva ILE SLP, subrayó que el marco legal actual excluye escenarios críticos, como la pobreza extrema o complicaciones de salud. También destacó que la denuncia previa en casos de violencia sexual es una traba injusta:
“La SCJN ha validado que basta con la declaración bajo protesta de decir verdad para acceder al aborto; esto debe replicarse en nuestra legislación estatal.”
Por su parte, Marcela García Vázquez, de Nueva Luna Salud de las Mujeres A.C., enfatizó la obligación del Estado de asegurar el acceso al servicio, incluso si los médicos ejercen su objeción de conciencia.
Iniciativas futuras
Las activistas adelantaron que, el próximo 25 de noviembre, presentarán una iniciativa para sancionar la negativa injustificada del aborto como violencia reproductiva, además de reformar la Ley de Educación para incluir temas sobre derechos sexuales y reproductivos en los programas escolares básicos.
