El Radar por Jesús Aguilar.
Ha pasado una fecha más enmarcada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), este representa una oportunidad para evaluar los avances y retos en la lucha por los derechos de las mujeres en San Luis Potosí. Este año, el panorama es mixto, con acciones significativas desde lo oficial, pero con grandes desafíos que siguen siendo visibilizados por colectivos y especialistas.
Avances desde las instituciones
El gobierno estatal ha implementado un programa conmemorativo que incluye actividades de sensibilización, conferencias y colaboración con organismos internacionales como ACNUR. Estas acciones buscan fomentar una cultura de prevención, justicia y empoderamiento femenino. Además, se promueve un marco legal más robusto, como la reciente inclusión de la violencia vicaria en los códigos penales y familiares del estadoLa baja en los feminicidios es otro dato relevante: en 2021 se registraron 24 casos, disminuyendo a 10 en 2023. Sin embargo, expertos señalan que esto no significa una erradicación de la violencia, ya que otras formas, como el abuso sexual y las lesiones dolosas, siguen siendo prevalentes.
La voz de las colectivas feministas
Mientras tanto, organizaciones como Movilización Vivas nos Queremos subrayan los pendientes estructurales, como la falta de apoyo para madres autónomas y cuidadoras. En el contexto del 25N, han centrado su lucha en problemáticas como la violencia vicaria, que afecta profundamente a mujeres y sus hijos, evidenciando que el acceso a la justicia sigue siendo una barrera en muchos casos.
Un panorama contradictorio
A pesar de las iniciativas oficiales, las cifras y testimonios sugieren que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido de manera significativa en términos generales, sino que ha adoptado formas más complejas y crueles. Este contraste revela una desconexión entre las políticas públicas y la realidad que enfrentan muchas mujeres potosinas.
El combate a la violencia contra las mujeres en México presenta avances institucionales, pero los indicadores reflejan desafíos persistentes. A nivel nacional, de enero a octubre de 2024, los casos reportados de feminicidio han mostrado una ligera reducción del 2% respecto al mismo período de 2023, alcanzando 680 casos. Sin embargo, los homicidios dolosos de mujeres aumentaron un 3.5% en el mismo periodo, mostrando que la violencia extrema continúa siendo un problema alarmante.
Por otro lado, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra mujeres han aumentado un 10%, con un promedio de 36 llamadas diarias al 911 por acoso u hostigamiento sexual. Estados como Ciudad de México, Baja California y Estado de México lideran en reportes absolutos, mientras que Baja California presenta la mayor tasa proporcional.
En San Luis Potosí, aunque se han implementado políticas de atención y prevención, los datos muestran una realidad preocupante. En 2024, el estado reportó un incremento del 4.5% en casos de violencia familiar y un crecimiento del 2.8% en feminicidios comparado con 2023. Estas cifras colocan al estado en un nivel intermedio en la incidencia nacional, aunque el subregistro y la falta de denuncia pueden ser factores que subestimen la magnitud del problema.
Las acciones gubernamentales, como el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2021-2024), han ampliado las alertas de género a 29 estados, pero el impacto en la reducción de la violencia sigue siendo limitado debido a la falta de recursos, coordinación y seguimiento efectivo de las políticas públicas.
Los números reflejan que la violencia de género en México y en San Luis Potosí sigue siendo un reto significativo. Aunque hay esfuerzos institucionales en marcha, se necesita un compromiso mayor para transformar los contextos de violencia estructural y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en el país.
El 25N es una fecha clave para medir los avances y recordar que el respeto y la protección hacia las mujeres requieren esfuerzos sostenidos y coordinados entre gobierno, sociedad civil y colectivos feministas. En San Luis Potosí, si bien hay pasos hacia adelante, persisten retos fundamentales que demandan voluntad política y acción inmediata.
