El Radar por Jesús Aguilar
La reciente publicación de la revista Rolling Stone plantea un tema delicado y controversial: la posibilidad de que el próximo gobierno de Donald Trump cumpla su promesa de atacar o incluso invadir México como parte de su estrategia para combatir a los cárteles de la droga.
Este debate, que incluye propuestas de ataques aéreos, incursiones con fuerzas especiales y el uso de drones, pone en la mesa múltiples implicaciones en materia de derechos humanos, soberanía nacional y seguridad regional.
Cualquier intervención militar extranjera en suelo mexicano podría generar graves violaciones a los derechos humanos. La experiencia demuestra que las incursiones militares, aunque precisas en teoría, suelen tener consecuencias imprevistas en la práctica.
Los ataques aéreos y el uso de drones, como los que Estados Unidos empleó en Pakistán y Afganistán, han provocado la muerte de civiles inocentes debido a errores de inteligencia o a daños colaterales. En México, donde las comunidades a menudo están entrelazadas con las actividades del crimen organizado, el riesgo de que civiles queden atrapados en la violencia es alto.
Además, la implementación de “equipos de exterminio encubiertos” para eliminar líderes de cárteles plantea dilemas éticos y legales. Este tipo de operaciones secretas, si bien podrían ser efectivas a corto plazo, podrían fomentar un clima de impunidad y desconfianza en las instituciones mexicanas, debilitando aún más el estado de derecho en el país.
La soberanía es un pilar fundamental de las relaciones internacionales, y cualquier intervención militar directa en México sería percibida como una violación flagrante de este principio. México y Estados Unidos comparten una historia compleja en la que intervenciones como la invasión estadounidense de 1846 han dejado cicatrices profundas en la memoria histórica del país. Repetir un acto similar, incluso bajo el pretexto de combatir a los cárteles, podría desencadenar una crisis diplomática de gran magnitud.
Si bien México enfrenta problemas serios relacionados con el narcotráfico, cualquier acción en su territorio debe ser consensuada con su gobierno. Una intervención unilateral no solo sería percibida como una imposición, sino que también podría desestabilizar la frágil colaboración bilateral en temas de seguridad y comercio.
El narcotráfico no es un problema exclusivo de México; es un fenómeno transnacional que afecta a toda América Latina y a Estados Unidos. La intervención militar estadounidense podría desestabilizar aún más la región. La experiencia de Estados Unidos en Colombia durante el Plan Colombia, un esfuerzo militar y financiero para combatir a los cárteles de la droga y a los grupos insurgentes, ofrece lecciones mixtas. Aunque hubo una reducción significativa en la producción de cocaína y se debilitó a las FARC, el país también sufrió un aumento de desplazamientos internos y violaciones a los derechos humanos.
En el caso de México, la fragmentación de los cárteles podría intensificar la violencia, con nuevos grupos compitiendo por el control de territorios. Además, la militarización podría provocar una migración masiva hacia Estados Unidos, exacerbando las tensiones en la frontera y poniendo en jaque los sistemas de asilo y migración.
En el pasado, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones exitosas contra líderes del narcotráfico, como la captura de Pablo Escobar en Colombia. Sin embargo, estas acciones suelen ser el resultado de esfuerzos conjuntos entre los países implicados. La captura de Escobar no habría sido posible sin la colaboración del gobierno colombiano y sus fuerzas armadas. En contraste, una operación unilateral en México, como la propuesta por el equipo de Trump, carecería de este tipo de respaldo local, lo que podría limitar su efectividad y aumentar el rechazo social.
