María Ruiz
El pasado 7 de noviembre el Congreso de San Luis Potosí dio un paso histórico al despenalizar el aborto, convirtiéndose en un triunfo clave para el movimiento feminista en el estado.
Sin embargo, a más de un mes de esta reforma, la implementación efectiva de este derecho se enfrenta a serios obstáculos.
De acuerdo con Las Compas San Luis, una red de acompañamiento autónoma que apoya a mujeres en sus procesos de interrupción voluntaria del embarazo, al menos 83 mujeres han intentado acceder a este servicio en los sistemas públicos de salud desde la despenalización, pero no lo han logrado debido a la falta de adecuaciones en la Ley de Salud del Estado y a la ausencia de protocolos claros para garantizar un acceso seguro, gratuito y sin discriminación.
“Este avance no se puede quedar en papel. Las instituciones deben actuar de inmediato para asegurar servicios accesibles, pues decidir es un derecho, no un privilegio”, señalaron voceras de la red.
Pendientes en la legislación
La reforma a la Ley de Salud del Estado que permitiría garantizar la atención en hospitales y clínicas públicas sigue en espera. Esto significa que, aunque el aborto ya no es un delito en el estado, las mujeres y personas gestantes no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer este derecho de manera plena.
Desde Las Compas recalcaron que es urgente que las instituciones adapten sus marcos legales y administrativos, capaciten al personal médico, y establezcan un ambiente libre de estigmas para quienes soliciten este servicio.
Asimismo, insistieron en la necesidad de implementar políticas públicas que prioricen a las comunidades más vulnerables, aquellas que no tienen acceso a servicios privados.
En ausencia de un sistema de salud preparado para responder a la demanda, redes como Las Compas han sostenido la responsabilidad de acompañar a quienes buscan ejercer su derecho a decidir.
No obstante, esta tarea no debe recaer exclusivamente en organizaciones civiles.
“Nuestro trabajo es de empatía y compromiso, pero garantizar el derecho al aborto es una obligación del Estado”, afirmaron.
Las demandas principales incluyen la regulación de los servicios en los hospitales públicos, la creación de módulos de atención accesibles y la protección de quienes accedan al aborto frente a posibles actos de discriminación o violencia institucional.
