La presidenta Claudia Sheinbaum ha promulgado una reforma al artículo 19 de la Constitución Mexicana, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo delitos como extorsión y actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo. Esta reforma, que ya ha entrado en vigor, busca reforzar la seguridad en estados como San Luis Potosí, permitiendo que los jueces ordenen la detención preventiva automática de los acusados de estos nuevos delitos.
El objetivo de esta medida es disuadir comportamientos delictivos, garantizando que los presuntos responsables permanezcan detenidos durante el proceso judicial, para evitar riesgos a la comunidad. Con esta reforma, se espera que se logre reducir la incidencia de delitos de alto impacto en el estado y se fortalezca la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
No obstante, la reforma ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación, ya que esta medida contradice una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Las críticas apuntan al posible abuso de esta medida y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A pesar de las objeciones, el gobierno federal defiende la reforma como un paso esencial para combatir la impunidad y mejorar la seguridad en todo el país, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde los delitos relacionados con la extorsión y el narcotráfico se han incrementado en los últimos años.
