LA DEFENSA DE GALLARDO

El Radar por Jesús Aguilar
En la era digital, la proliferación de noticias falsas o “fake news” plantea un reto sin precedentes para las sociedades modernas. Estos fenómenos amenazan no solo la estabilidad social, sino también los principios democráticos y el derecho a la información. La reciente desinformación sobre la reimplementación de la tenencia vehicular en San Luis Potosí, desmentida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ilustra la complejidad de abordar este fenómeno en un contexto de apertura informativa y libertades fundamentales.
Pero subamos la conversación, la circulación de información falsa tiene consecuencias graves pero tiene que observarse con rigor.
Según Wardle y Derakhshan (2017), las “fake news” erosionan la confianza en las instituciones, polarizan a las sociedades y pueden desencadenar acciones precipitadas por parte de la población. Esto se agrava cuando las plataformas digitales permiten que estas noticias se viralicen en cuestión de minutos, llegando a miles o millones de personas.
Seamos francos, si se van a señalar desde el poder las fake news se debe también generar un marco estricto de transparencia y confianza en lo que se dice, lo que se promete, cómo se hace y se ejecuta, si, no, pues entonces el efecto es de bumerán.
En el caso de San Luis Potosí, rumores infundados sobre la posible reimplementación de la tenencia vehicular llevaron a debates y confusión en redes sociales, lo que obligó a las autoridades a desmentir categóricamente esta información.
“La desinformación puede causar daños irreparables a la credibilidad de las instituciones públicas y generar incertidumbre en la ciudadanía”, advirtió el gobernador Gallardo Cardona al anunciar posibles acciones legales contra los responsables de la propagación de estos rumores.
¿Es un exceso o un derecho llevar al ministerio público a los generadores de fake news?
¿Es un manotazo acorde a un estilo de gobernar válido o la falsa carga de un manejo desafortunado de la información de finanzas estatal?
La reacción de las autoridades ante la desinformación debe ser equilibrada y proporcional, evitando caer en medidas que limiten las libertades de expresión y prensa. Como señalan Calo y Citron (2021), “las democracias modernas deben adoptar un enfoque regulador que proteja a los ciudadanos de los efectos perjudiciales de las fake news sin menoscabar los derechos fundamentales”.
En este sentido, el marco legal en México ya establece garantías para la libertad de expresión en el artículo 6 de la Constitución. Sin embargo, también contempla límites para evitar abusos, como la difusión de información falsa con intención de dañar. El reto radica en aplicar estas disposiciones sin caer en censura o persecución política.
El control de la desinformación requiere un enfoque multifacético. Las plataformas tecnológicas, por ejemplo, deben asumir un rol activo en la identificación y eliminación de contenido falso. En palabras de la investigadora Claire Wardle, “la alfabetización mediática es clave para que los usuarios puedan distinguir información fiable de rumores infundados” (Wardle, 2017).
Por su parte, los estados deben invertir en campañas de educación digital y fomentar la colaboración con medios de comunicación y plataformas para garantizar que la información fidedigna prevalezca. También es crucial contar con mecanismos legales que permitan sancionar la difusión intencionada de noticias falsas sin comprometer las libertades fundamentales.
¿El gobierno que hoy quiere poner orden con las fake news estaría dispuesto a revisar la sobre población de (en sus términos) pseudo portales que han surgido en los últimos 10 años en el estado y que ni siquiera tienen remitente?
Para enfrentar este fenómeno, es fundamental que las autoridades actúen con prudencia y respeto a los principios democráticos, garantizando al mismo tiempo el acceso a información veráz. Solo así se podrá preservar un estado moderno, abierto y comprometido con las libertades de sus ciudadanos, solo así podra haber un márgen de congruencia con el efecto de sensibilización social pertinente.