Abelardo Medellín
Pese a que los jueces a cargo del caso liberaron al asesino material y ofrecieran beneficios para los autores intelectuales del homicidio de su hijo, Karla Lizzeth Zavala Castillo dice seguir decidida en encontrar justicia, no sin el temor de que los encargados de impartir justicia se corrompan nuevamente.
Zavala Castillo recuerda con precisión lo ocurrido la noche del domingo 19 de mayo de 2024, fecha en que, mientras se encontraba en casa, recibió una llamada de su nuera, Fernanda, quien le informó que, en un supuesto intento de robo, un sujeto con apoyo de otras cinco personas disparó y dio muerte a Carlos Alfonso Soto Zavala, hijo de Karla.
“Me acuerdo que yo le dije: ‘cálmate, ¿y Poncho?’ Me decía: es que le dieron en el pecho y como no podía hablar, entonces toma la llamada otra persona que hasta ahorita no sé quién es, al parecer era un vecino, quien me dice: ‘señora, ¿usted es la mamá del joven? El chavo está muy mal, véngase rápido… el chavo está muy mal”.
Karla recuerda haber arribado al lugar acompañada de su hija, encontró a Carlos en el suelo, en un estado de delirio y vomitando la misma sangre con la que se ahogaba. Medio día después se había difundido en medios la versión de que el asesinato habría derivado de un intento fallido de sustraer la motocicleta en la que viajaba el joven.
Sin embargo, tal versión sería desmentida por Fernanda, quien explicó que el atentado había sido completamente premeditado y con la intención de matarlos.
Según lo narrado por Fernanda, ella y Carlos se encontraban en un bar de micheladas en la Calzada de Guadalupe de la capital potosina, cuando al sitio llegaron Manuel N., que solía pretender a Fernanda, y la madre de Manuel, Mónica N., acompañados de otras tres personas, entre ellos una menor de edad.
Al advertir la presencia de Carlos y Fernanda, Manuel y Mónica comenzaron a agredirlos verbalmente, a tal grado que quien atendía el sitio les pidió que se fueran; por este simple hecho, Mónica amenazó de muerte a la pareja de jóvenes y aseguró que llamaría a alguien para que los finara.
Cuando Carlos y Fernanda dejaron el local y se fueron en la motocicleta del joven, metros adelante del sitio fueron alcanzados en una camioneta por Mónica N., quien les cortó el paso; ya detenidos sobre la vialidad, al sitio llegó un sujeto identificado como Diego, quien sacó un arma y disparó en reiteradas ocasiones a la pareja.
Tras recibir los disparos, Carlos intentó huir del sitio para protegerse a él y a Fernanda de la persecución, pero dos cuadras adelante del lugar ya no pudieron seguir más.
Del ataque Fernanda salió con vida y sufrió una lesión de disparo en el brazo, Carlos perdió la vida en el sitio minutos después frente a su madre.
Tras los hechos, las primeras detenciones llegaron el 6 y 9 de septiembre, días en los que aprehendieron a Manuel N. y Mónica N., respectivamente, y fueron vinculados a proceso ese mismo mes.
Con las audiencias para dictar las medidas cautelares, llegaron también las primeras irregularidades, pues Karla menciona que mientras Manuel N. recibió prisión preventiva, su madre, Mónica N., obtuvo arraigo domiciliar, únicamente por haber presentado un oficio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) en el que se confirmaba su trabajo dentro de una escuela pública, razón suficiente para que el juez considerara que no había riesgo de fuga para el caso de la presunta autora intelectual de un asesinato.
Para el 25 de octubre de 2024, las autoridades lograron la detención de Diego, quien disparó contra la pareja y fue presentado el 31 de octubre para resolver su posible implicación a través de una audiencia.
Karla recuerda con indignación las dos audiencias que se celebraron contra el autor material del asesinato de su hijo, ya que aunque el sujeto estaba plenamente identificado e incluso se llegó a jactar de su crimen, no pasó ni una semana encerrado cuando el juez Roberto Hernández Martínez lo dejó libre al admitir un medio de prueba apócrifo.
Según lo explicó Karla, durante la audiencia el defensor del presunto autor material del asesinato presentó al juez una copia de un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que supuestamente probaba que Diego estuvo internado entre el 18 y el 20 de mayo, por lo que no pudo haber estado en el lugar el día del atentado contra Carlos.
Al momento de que se presentó el documento, tanto el defensor como el fiscal asignado al caso advirtieron de inmediato que el número de seguridad social que tenía el documento no correspondía con la identidad del presunto asesino, razón por la que pidieron al juez que no admitiera el medio de prueba.
“Le dicen al juez, el abogado y el fiscal: ‘oiga, señor juez, pero esto es una copia, este documento es apócrifo’, y el juez nos dice: ‘no, eso ya será cuestión de que ustedes lo revisen después’, y luego lo dejó libre”.
De acuerdo con Karla, sus abogados y el fiscal encargado investigaron después la procedencia del documento emitido por el IMSS. El propio instituto les confirmó que el documento era falso e incluso el médico mencionado en este no se encontraba en San Luis Potosí en esas fechas.
“Lo he visto con infinidad de abogados, todos me decían: ‘no había manera de dejarlo libre, no había manera’. El juez debió haberlo vinculado al menos para no verse tan descarado, al menos debió de haberlo vinculado, aunque lo dejara en arraigo domiciliario y decir ‘te lo vinculo, pero tú Fiscalía te tienes que encargar de checar la veracidad de ese documento’, porque estaba identificado, o sea, estaba plenamente identificado por la víctima, plenamente identificado”.
Luego de haber presenciado cómo un juez liberó por admitir pruebas apócrifas al presunto asesino de su hijo, ahora Karla teme que ocurra algo similar con los autores intelectuales, pues recientemente los abogados de Manuel N. han presionado para revisar las medidas cautelares del implicado.
Karla explicó que el pasado sábado 4 de enero se llamó a una audiencia para revisar las medidas cautelares de Manuel N.; a la audiencia no se presentó el agente de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues primero se informó que estaba de vacaciones y luego se reveló que había sido cambiado a Villa de Arriaga.
“A mí me dicen: ‘sabes qué, al no presentarse el fiscal no se va a llevar a cabo la audiencia, no te preocupes’. Pero a la hora de empezar la audiencia, dice el juez Juan de Dios: ‘a ver vayan mandar a buscar a una persona de seguridad’ y le dice, ‘a ver, manda a buscar un Ministerio Público de Homicidios, tráelo’. Entonces se acerca a mi abogado y me dice: ‘sabes qué, esto ya está arreglado’”.
Karla afirma que, afortunadamente, no había ministerios públicos en el lugar como para celebrar la audiencia, y por tanto se tuvo que posponer.
Otro hecho irregular en el que participó el juez Juan de Dios Flores Hernández fue que, en la audiencia, el abogado de Karla advirtió que los litigantes de la defensa de Manuel N. llegaron al lugar con nuevos medios de prueba para solicitar modificar la medida cautelar, razón por la que solicitaron que se les corriera traslado para revisar los documentos conforme al proceso.
“Mi abogado le dice al juez: ‘solicito se me corra traslado de los documentos, por los cuales ellos quieren cambiar la medida cautelar, puesto que veo que traen un archivo demasiado extenso para poder estudiarlo’, y el juez le contestó: ‘no, yo eso no se lo puedo otorgar, porque la audiencia no se va a llevar a cabo, entonces eso no se lo puedo otorgar’”.
A cinco meses de distancia, la percepción de Karla sobre el trabajo judicial gira en torno a dos ideas: a los abogados se les permite presentar pruebas falsas para liberar a presuntos asesinos y los jueces son corruptibles.
La madre de Carlos hoy reconoce que no ha podido vivir su duelo; ella sigue firme en buscar justicia para su hijo, quien murió con miedo, y también justicia para Fernanda, su nuera, quien no ha podido salir de su casa debido al trauma que le dejó el atentado.
Ante la posibilidad de que próximamente se retome la audiencia para modificar las medidas cautelares impuestas a Manuel N., Karla advierte que el riesgo de liberarlo sigue latente y por ello hizo un llamado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Arturo Morales Silva.
“Es mi deseo que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial conozca del proceso para que vea las irregularidades de las que fue objeto las decisiones del juez. Asimismo, agradecerle que se informe, se preocupe del tema y tome cartas en el asunto”.
