La reciente reforma constitucional para la selección de magistrados y jueces en San Luis Potosí ha generado fuertes críticas por parte de Rodrigo Cano Vargas, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí (APA). Según él, los legisladores locales no consultaron a las asociaciones, barras ni organizaciones de abogados durante el proceso, dejando como resultado un marco jurídico que contradice los requisitos establecidos en la Constitución Federal.
Uno de los principales agravios señalados es la inclusión de personas actualmente en funciones como magistrados, jueces o servidores públicos del Poder Ejecutivo dentro del Comité de Evaluación. Cano Vargas subrayó que esto no sólo viola disposiciones de la Constitución Federal, sino que también pone en riesgo la legitimidad del proceso al incluir perfiles que no cumplen con la experiencia requerida en el ámbito judicial.
La disparidad más evidente está en los requisitos para los magistrados locales. Mientras que la Constitución Federal exige al menos tres años de práctica profesional en áreas jurídicas relacionadas con la candidatura, la Constitución estatal sólo demanda un título de derecho con cédula profesional de cinco años de antigüedad y un promedio académico específico. Estas diferencias podrían generar conflictos legales y comprometer la calidad de las decisiones judiciales.
Cano Vargas también criticó el nombramiento de una capturista como parte del comité encargado de revisar los perfiles de los aspirantes a jueces y magistrados. Según explicó, quienes evalúen a los candidatos deberían contar con experiencia profesional comprobada en litigación, ejercicio judicial o funciones relacionadas con el Poder Judicial. La falta de este perfil especializado pone en duda la capacidad del comité para seleccionar a los mejores aspirantes.
Además, el presidente de la APA denunció que la exclusión de las principales organizaciones de abogados del estado le resta legitimidad al proceso, tanto para conformar el Comité de Evaluación como para elegir a los aspirantes a los 16 cargos de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, los tres del Tribunal de Disciplina Judicial y los 66 jueces de primera instancia. Según Cano, debió haberse dado voz a todos los juristas y profesionales del derecho que ejercen funciones jurisdiccionales.
Por último, Cano Vargas advirtió que esta falta de consulta y el diseño deficiente del proceso afectarán directamente la selección de perfiles para cargos judiciales clave. Lamentó que se haya dejado de lado la participación de profesionales especializados, comprometiendo con ello la transparencia y eficacia del sistema judicial en el estado.
