Los abogados del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, suspendido de su cargo, anunciaron el jueves que se negará a ser interrogado nuevamente después de que fuera detenido por funcionarios anticorrupción a raíz de su decreto de ley marcial del mes pasado. La defensa sostiene que la investigación es ilegal.
El mandatario había guardado silencio durante un extenso interrogatorio el miércoles, en la sede de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, tras un operativo policial en su residencia oficial en Seúl. Se espera que los investigadores intenten arrestarlo en los próximos días.
La agencia anticorrupción, que trabaja junto con la policía y el ejército para determinar si el decreto de ley marcial de Yoon constituyó un intento de rebelión, tiene un plazo de 48 horas para solicitar una orden de arresto. Mientras tanto, los abogados de Yoon argumentan que la orden de detención emitida por la Corte del Distrito Occidental de Seúl es inválida y han pedido que se revise su liberación.
El conflicto comenzó cuando Yoon intentó superar un estancamiento legislativo en diciembre de 2024, declarando la ley marcial y desplegando tropas alrededor de la Asamblea Nacional, lo que desató la crisis política más grave en Corea del Sur desde su democratización en la década de 1980. Aunque la medida solo estuvo vigente unas horas, los legisladores lograron levantarla, pero el 14 de diciembre la asamblea aprobó llevarlo a juicio político, acusándolo de rebelión.
Ahora, la decisión sobre su destitución está en manos de la Corte Constitucional, que deliberará si debe ser destituido o reinstalado. Mientras tanto, Yoon ha resistido los intentos de investigación, argumentando que la agencia anticorrupción no tiene la autoridad para investigar las acusaciones de rebelión.
El presidente también enfrentó un intento de detención después de que su residencia fuera cercada por el servicio de seguridad presidencial. Fue finalmente arrestado después de un operativo de cinco horas en el complejo presidencial. En un video previo a su detención, Yoon lamentó lo que consideró el colapso del estado de derecho en Corea del Sur y reiteró sus objeciones a la investigación.
Si un tribunal decide su arresto formal, los investigadores podrán extender su detención hasta 20 días mientras el caso es transferido a la fiscalía. En caso de acusación formal por rebelión y abuso de poder, Yoon podría enfrentar una larga detención hasta el juicio, que podría llevar hasta seis meses. De ser hallado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua según la legislación surcoreana.
