El gobierno de Donald Trump anunció que los agentes de inmigración podrán realizar arrestos en sitios como escuelas, iglesias y hospitales, al revocar una directriz que durante más de una década había limitado estas acciones en ubicaciones consideradas delicadas.
Esta medida busca cumplir la promesa de campaña de realizar deportaciones masivas, según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “Los criminales ya no podrán esconderse en escuelas e iglesias para evitar ser arrestados”, señaló la dependencia, enfatizando que la nueva política permitirá capturar a migrantes indocumentados, incluidos quienes han cometido delitos graves.
El anuncio revoca lineamientos emitidos en 2011 y 2013 que establecían restricciones para las agencias migratorias, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas reglas limitaban las detenciones en lugares sensibles, salvo excepciones relacionadas con la seguridad nacional.
Activistas y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las posibles consecuencias de esta política. Olivia Golden, directora interina del Centro para la Ley y la Política Social, afirmó que el cambio podría disuadir a las familias migrantes de buscar atención médica, enviar a sus hijos a la escuela o acudir a lugares de ayuda en caso de emergencia. “Esto podría tener efectos devastadores, especialmente para los niños ciudadanos estadounidenses”, subrayó.
Algunas comunidades y escuelas ya se preparan para enfrentar la situación. En California, autoridades escolares han reafirmado su compromiso de no permitir operativos migratorios en sus instalaciones sin una orden judicial válida. De igual forma, en Chicago, la Junta de Educación aprobó una resolución para impedir la colaboración con el ICE en sus escuelas.
Las iglesias, que históricamente han servido como refugios para migrantes en peligro de deportación, también están tomando medidas. Líderes religiosos han reiterado que no permitirán el ingreso de agentes sin las órdenes correspondientes, apelando al respeto por el estado de derecho.
Este cambio de política revive el debate sobre el alcance de las leyes migratorias y su impacto en las comunidades vulnerables, marcando un giro significativo en la postura del gobierno frente a los derechos y la seguridad de los migrantes en Estados Unidos.
