El Radar
Por Jesús Aguilar
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La Sierra de San Miguelito, ubicada en San Luis Potosí, ha sido objeto de intensos debates y movilizaciones sociales en los últimos años debido a los intentos de urbanización que amenazan su integridad ecológica y cultural. Este conflicto pone de relieve la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la conservación ambiental, así como la importancia de la participación ciudadana en la defensa del patrimonio natural.
La atención sobre la Sierra se intensificó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando la reforma agraria permitió la participación de terceros en tierras ejidales. Esta apertura legal incentivó una ola de proyectos inmobiliarios en la zona poniente de la ciudad, transformando áreas naturales en desarrollos urbanos y elevando significativamente los precios del suelo. Esta tendencia no solo modificó el paisaje, sino que también convirtió a San Luis Potosí en una de las ciudades más caras en términos inmobiliarios en el país.
Un punto de inflexión en la defensa de la Sierra ocurrió entre abril y mayo de 2019, cuando un incendio devastó más de doce mil hectáreas. Este desastre ambiental catalizó la formación de los “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, un grupo ciudadano que recolectó firmas para instar a las autoridades a detener los planes de urbanización. El 24 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a iniciar el proceso para declarar la Sierra como Área Natural Protegida (ANP). Finalmente, el 13 de diciembre de 2021, se oficializó esta designación, marcando un hito en la protección del área.
En este enero de 2025, según la columna “Caja Negra” del periodista de Astrolabio Victoriano Martínez, el conglomerado inmobiiario “Espacios en el Horizonte” presentó una carta de intención para adquirir 1,805 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, ofreciendo 800 pesos por metro cuadrado. Este intento se suma a un episodio anterior en enero de 2023, cuando la misma empresa buscó apropiarse de 57.15 hectáreas cerca de la presa Cañada del Lobo. Durante ese periodo, Leticia Pérez Acosta, ocupante de una parcela en la zona, denunció intimidaciones y amenazas para forzarla a vender su terreno; incluso, su vivienda fue atacada a balazos, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado a otorgarle medidas de protección.
Ante estos desafíos, la Procuraduría Agraria (PA) ha reafirmado su compromiso con la defensa de la Sierra de San Miguelito. En noviembre de 2024, la PA declaró que no se autorizarán cambios de uso de suelo para proyectos inmobiliarios en el área y que colaborará con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para fortalecer las estrategias legales que protejan el ANP.
¿Será que el tema debe tener el foco de Sheinbaum, la presidenta más ambientalista de la historia?
¿Será que “el pueblo” al que le debe todo la 4T puede hacerse de la vista gorda ante estos nuevos embates llenos de ambición?
Estos acontecimientos resaltan la continua presión sobre la Sierra de San Miguelito y la necesidad de una vigilancia constante por parte de la sociedad civil y las autoridades para garantizar su preservación. La participación activa de la comunidad ha sido esencial para contrarrestar los intereses que buscan explotar estos espacios naturales.
La defensa de la Sierra de San Miguelito es emblemática de las luchas ambientales contemporáneas en México, donde el desarrollo económico a menudo entra en conflicto con la conservación del medio ambiente.
La politización del caso no debe fructificar, tampoco la omisión onerosa de las autoridades locales, que en pos del dejar hacer dejar pasar, solo se pronuncian cuando el agua les llega a los aparejos…
