Durante la entrega del informe de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2023 por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), se presentó un enfrentamiento entre los legisladores Marco Gama Basarte de Movimiento Ciudadano (MC) y Luis Fernando Gámez Macías del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la razón fue el cuestionamiento del primero por no haber recibido las más de tres mil hojas que componen los dictámenes de 112 entidades auditadas al mismo tiempo que el segundo.
Y es que Gámez Macías en su papel de presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, tuvo acceso con mayor oportunidad a los dictámenes y gracias a ellos comenzó a realizar varias declaraciones ante medios de comunicación, señalando al Ayuntamiento de la capital y el Interapas, supuestamente como los entes con mayor número de observaciones.
En este sentido, Gama Basarte señaló que el resto de los integrantes de la Comisión recibieron la documentación apenas ayer jueves a las 14:00 horas, lo cual fue una acción inequitativa de la información, en este sentido, solicitó a los integrantes del IFSE un resumen ejecutivo como al que tiene acceso el legislador del PVEM como un acto de “máxima publicidad”.
Ante ello, Gámez Macías explotó contra el emecista y expresó que él ya había llevado a cabo su labor de lectura y no le iba a compartir su trabajo, por ende, le pidió ponerse a leer los dictámenes y no politizar el tema.
En entrevista posterior, Gama Basarte expuso que la razón de su cuestionamiento es que se divulgado tanto por Gámez Macías como por el titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, que ya se presentaron cuatro denuncias penales, y al menos por parte del primero se señaló directamente al Ayuntamiento capitalino.
Aparte en entrevista, Gámez Macías, reconoció que su labor solamente es calificar el trabajo de la IFSE, y no el resultado de las auditorias, aunque él mismo ha dado varias entrevistas sobre el tema.
Otro punto de enfrentamiento entre ambos legisladores fue un cuestionamiento por parte del emecista sobre la opinión vertida en días recientes por parte del auditor, sobre que no era factible que Villa de Pozos asumiera un adeudo de 52 millones de pesos transferido desde la administración estatal como parte de la distribución de pasivos establecido en el decreto de creación del nuevo municipio, ante lo cual Gámez Macías nuevamente se exaltó y pidió no desviar el tema de la sesión, para no politizar el tema.
Para Gama Basarte poner en la mesa en ambos casos temas, es un acto de responsabilidad y transparencia con la finalidad de dar certidumbre : “para eso estamos para decir las cosas, no para quedarnos callados”.
