Abelardo Medellín
Intereses de deuda pública desviados a otros conceptos, pagos de gasolina para vehículos no oficiales, gastos en comunicación mal asignados y omisiones en la contratación de los seguros de edificios oficiales, son algunas de las 260 observaciones no solventadas, por un monto que asciende a 16 millones 508 mil 311 pesos, que revelan los informes individuales realizados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a entidades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Una fuente al interior del IFSE compartió con Astrolabio Diario Digital los informes individuales de las auditorías realizadas a diversas dependencias del gobierno estatal y a entes fiscalizables como el gasto corriente de la administración.
La revisión de los más de 20 informes individuales relativos al ejecutivo reveló que la auditoría al gasto corriente, identificada con el número AEFPO-02-PERF-2023, fue el rubro con más irregularidades, con 61 observaciones advertidas, tan solo dos solventadas y un total de 59 sin atender.
Derivado de este número de irregularidades, el IFSE resolvió darle un dictamen negativo a la gestión y ejercicio de los recursos públicos del gasto corriente durante el Ejercicio Fiscal 2023.
La primera observación de esta auditoría, muestra que el gobierno pagó 190 mil 353 pesos como multa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el pago de cuotas fuera del término, lo cual, según el IFSE, ocasionó un daño el erario por la ineficiencia de su pago oportuno.
De igual manera, sobresale la observación 12 de la misma auditoría en la que se recuenta cómo distintas dependencias del Poder Ejecutivo erogaron 2 millones 421 mil 771 pesos en combustible para vehículos que no forman parte de la plantilla vehicular de gobierno.
En este caso, el gobierno entregó oportunamente información para intentar justificar el gasto, y aunque logró comprobar que 18 vehículos que aprovecharon este gasto en gasolina sí pertenecían al gobierno, no pudieron comprobar la propiedad de otros 32 automóviles, los cuales se beneficiaron con pagos para gasolina que ascienden a un millón 405 mil 835 pesos.
De acuerdo con la información del Instituto, el gobierno otorgó 43 mil 932 pesos en gasolina a cada uno de los 32 vehículos que no formaron parte de la plantilla de gobierno durante el ejercicio 2023.
La observación no solventada más onerosa, es la correspondiente a la subcuenta identificada con el número 12351010001 y el nombre “Construcciones en proceso”, señala que el gobierno realizó un movimiento por 4 mil 912 millones 247 mil 968 pesos, el cual no tuvo documentación que lo justificara, ni tampoco comprobara que las obras realizadas con este monto hayan sido concluidas.
De igual forma se menciona que dicho monto destinado a obras, tuvo un saldo negativo al final del ejercicio.
Uno más de los puntos más preocupantes que recaba este informe individual, es el relativo al punto 55 en el que se revela que de acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas, en 2023, el Gobierno del Estado reclasificó 141 millones 224 mil 304 pesos que debían usarse para pagar intereses de la deuda pública y los colocó en la partida de “Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo”, sin que se presentara una justificación de dicho movimiento, además de en detrimento del pago de la deuda.
Aún más preocupante fue la observación número 53 en la que el IFSE reporta que de los 15 millones 270 mil 225 pesos que debían utilizarse para pagar intereses de la deuda pública interna con instituciones de crédito, solo se comprobó el pago de 11 millones 890 mil 240 pesos, y no se encontró el registro de una transferencia del 29 de mazo de 2023, por un importe de 3 millones 379 mil 985.
Otro ente que arrojó diversas observaciones e irregularidades fue la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la cual pagó 320 mil 418 pesos en hospedaje, traslados, servicios de alimentos, compra de agua y refrescos para la celebración del Segundo Informe de Gobierno, pero con recursos que no estaban etiquetados para dichas actividades; pagó 422 mil 978 pesos a tres proveedores para levantar imágenes y videos de las cuatro regiones, colocar lonas y mamparas para el Segundo Informa de Gobierno, pero la contratación se hizo sin mediar la dirección de Adquisiciones y de forma directa sin recurrir a ningún tipo de procedimiento de contratación. Además, el área adjudicó de manera directa 4 millones 626 mil 776 pesos para motivos de difusión sobre programas gubernamentales, a pesar de que por dicho monto, legalmente debió hacer un procedimiento de invitación restringida.
Igual de sobresalientes fueron las observaciones relativas a las 50 patrullas de lujo adquiridas por el Gobierno del Estado entre 2022 y 2023, mismas que, según el informe, fueron adquiridas por 74 millones 855 mil 995 pesos, es decir 1.5 millones cada una.
La irregularidad detectada por el IFSE, fue alusiva a que dichas patrullas no contaban con su Tarjeta de Circulación; tras una aclaración parcial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que había pagado el derecho para recibir la Tarjeta de Circulación, pero estas no se les otorgaron.
De igual manera, en el punto 47, se evidenció que durante el ejercicio 2023 cuatro patrullas de la SSPC tuvieron accidentes viales que las dejaron inservibles y, pese a esto, la Secretaría no pudo comprobar haber hecho efectivas las pólizas de seguro de las mismas.
Dentro del total de observaciones contenidas tan solo en este informe también se recuentan múltiples casos donde el IFSE investigó a proveedores de gobierno cuyos domicilios fiscales no fueron encontrados.
También, casos en materia de arrendamiento, como el número 19, donde el Instituto revela que el gobierno carece de contrato por arrendamiento de edificios que ascienden a pagos por 2 millones 21 mil 80 pesos.
De igual manera se constató que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado no pagó la totalidad de seguros por daños materiales y responsabilidad civil para bienes muebles propiedad de la administración, y justificó tal omisión, al decirle al IFSE que la partida presupuestal para ello no recibió recursos de parte del gobierno.
Además de la auditoría al gasto corriente, otros informes individuales que revelaron decenas de observaciones en la cuenta pública 2023, fueron las realizadas a entidades como el Instituto Tecnológico Superior, el Instituto Potosino del Deporte (Inpode), la Universidad Politécnica, el Centro de Producción Santa Rita, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), la Secretaría de Salud, la Universidad Tecnológica, el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, entre otros.
