El Radar
Por Jesús Aguilar
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La palabra “corrupción” ha sido una constante en el discurso público mexicano, pero en muchas ocasiones, su combate se ha quedado en una mera simulación. A pesar de la creación de instituciones y leyes anticorrupción, el problema persiste y se ha convertido en una patología estructural. Este ensayo analiza los riesgos de fingir una lucha contra la corrupción sin atacar sus causas profundas, con base en datos duros y estudios académicos.
¿Cuánto cuesta la corrupción en México?
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción cuesta a México hasta el 10% del PIB anualmente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el soborno y la malversación representan hasta un 5% del PIB global, y en México, los costos indirectos de la corrupción afectan la inversión extranjera y la confianza en las instituciones.
¿Porqué nadie hace nada real contra la corrupción?
Desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2015, los resultados han sido limitados. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional 2023, México obtuvo una puntuación de 31 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, colocándose entre los países peor evaluados de América Latina. La impunidad sigue siendo un obstáculo clave: menos del 1% de los casos de corrupción llegan a sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
¿Porqué la simulación es casi un palitativo de la corrupción?
Luis Rubio, analista del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), sostiene que “la corrupción en México no es un problema de leyes, sino de voluntad política”. La existencia de normas avanzadas no se traduce en sanciones efectivas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha subrayado que la falta de autonomía en los órganos de fiscalización limita la efectividad de la lucha anticorrupción.
La 4T se hizo del poder en un discurso anti corrupción y en los hechos ha menguado significativamente a los organismos autonómos, el combate a la opacidad y el continúa avanzando en la narrativa de que todo lo anterior era malo y ellos sí son buenos pero no castigaron a nadie, ni a propios ni a extraños cuando los síntomas del abuso han sido recalcitrantes.
A nivel federal hay casos como la “Estafa Maestra” y el escándalo de Odebrecht han evidenciado que, a pesar de las investigaciones, los responsables no han enfrentado consecuencias significativas. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado cómo altos funcionarios continúan impunes, mientras los discursos gubernamentales enfatizan un combate a la corrupción que no se traduce en acciones concretas.
Hoy en San Luis Potosí, a todo lo anterior al actual régimen lo han bautizado como la “herencia maldita”, sin embargo fuera de los estrambóticos casos de los titulares de Salud del anterior sexenio no ha logrado apuntalar con hechos un ejercicio de justicia y de recuperación de confianza institucional deslindando con claridad las responsabilidades de los presuntos desfalcos. Apenas rebasando la mitad del sexenio Gallardista, es tiempo de tomar en serio el tema y no seguir politizándolo desde el Instituto de Fiscalización Superior del Estado como parece ha sucedido hasta ahora. El aceleramiento de los tiempos políticos en el estado y el rejuego de grupos y condiciones para sacar raja, persiste y mientras eso pasa, otra vez los ciudadanos otra vez perdemos.
El mayor riesgo de la simulación es que erosiona la confianza en las instituciones y fomenta una cultura de impunidad. Para romper con este ciclo, es fundamental fortalecer la autonomía de los organismos fiscalizadores, garantizar la protección de denunciantes y aplicar sanciones efectivas a los corruptos. La corrupción en México y en San Luis Potosí no se erradicará con discursos, sino con hechos tangibles.
¿Cuánto tiempo más dejaremos de exigirla en el día y día y en las urnas…?
