El secuestro del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja en Playa del Carmen ha destapado serias irregularidades dentro de la Fiscalía de Quintana Roo. Familiares de las víctimas han acusado a las autoridades de obstruir la investigación y redirigirla hacia la búsqueda de “chivos expiatorios”, desviando la atención de los verdaderos responsables.
El 20 de noviembre de 2024, un grupo armado secuestró a Vizcarra Millán y su pareja en su residencia en el exclusivo fraccionamiento Allegranza. Durante su cautiverio, el empresario fue obligado a realizar transferencias bancarias por más de 360 millones de pesos a diversas empresas vinculadas al crimen organizado. Entre las empresas que recibieron el dinero se encuentra Desarrollo 1540, acusada previamente de demoras en la entrega de departamentos de lujo en Playa del Carmen.
A pesar de las evidencias, la investigación ha estado marcada por la falta de acción por parte de la Fiscalía estatal, que ha demorado el proceso e incluso ha ocultado información clave, como un número de teléfono hallado en la camioneta de la víctima. Además, la fiscalía no ha reconocido a la familia como víctimas y ha puesto obstáculos en el proceso.
El hijo mayor de Vizcarra Millán, Carlos Vizcarra Ortiz, ha señalado que las autoridades han tratado de involucrarlo injustamente en el caso. La Fiscalía de Quintana Roo ha negado su reconocimiento como ofendido y ha insistido en convocarlo a entrevistas sin seguir los procedimientos legales adecuados.
A raíz de esto, la familia solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), que asumió el caso a finales de diciembre, tras detectar posibles vínculos con el crimen organizado en Playa del Carmen. La FGR ya ha solicitado información a la Fiscalía local, mientras que la familia continúa enfrentando obstáculos en su lucha por obtener justicia.
Mientras tanto, las autoridades locales han sido acusadas de actuar con total sigilo, lo que ha aumentado la desconfianza en el manejo de este caso. La situación sigue sin resolverse, y la Fiscalía de Quintana Roo no ha ofrecido respuestas claras, mientras se teme por una posible detención arbitraria de los familiares de las víctimas.
