La candidatura de Ignacio Rafael Acosta Díaz de León para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha causado molestia entre la sociedad potosina, debido a su historial de señalamientos por discriminación y violencia contra personas con discapacidad. Ante esto, ciudadanos y colectivos han solicitado al Congreso del Estado que lo excluya del proceso de selección.
A pesar de contar con experiencia en políticas públicas enfocadas en la discapacidad, activistas y ciudadanos cuestionan su idoneidad para el cargo, señalando su falta de sensibilidad y compromiso en temas de derechos humanos. Durante más de 15 años, Acosta Díaz de León ha intentado postularse sin éxito, y su desempeño en encargos anteriores ha dejado dudas sobre su capacidad.
Uno de los episodios más criticados ocurrió cuando fue designado para coordinar la Consulta para Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado. Testigos afirman que su actitud hacia los participantes fue despectiva y que, al notar la carga de trabajo, decidió abandonar el proyecto.
Diversos colectivos consideran que su interés en el puesto responde más a motivaciones personales que al deseo de defender los derechos de la ciudadanía. Por ello, han reiterado su llamado a los legisladores para que elijan a un candidato con verdadera vocación y compromiso con los derechos humanos.
