Abelardo Medellín
La Oficialía Mayor del gobierno estatal determinó clasificar como reservada hasta 2029, toda la información relativa a un contrato de 10 millones 115 mil 200 pesos que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) entregó mediante adjudicación directa a un medio de comunicación.
Las características y montos de dicho contrato se hicieron públicos gracias a la auditoría con número AEFPO-01-PERF-2023 realizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), misma que revisó “Transferencias, Subsidios y Gastos de Inversión del Poder Ejecutivo” y fue de tipo financiera y de cumplimiento. Dicho documento se hizo público gracias a una fuente, ya que el IFSE no ha publicado ningún tipo de auditoría del ejercicio 2023.
En el punto 67 de dicha auditoría individual se explica que, tras revisar los expedientes de adquisiciones de la Sedeco, se encontró una adjudicación directa con número DGA-CAASPE-AD-044-2023, a través de la cual se contrataron servicios de promoción y difusión de las actividades de la Secretaría, en medio digital e impreso del periodo del 3 de enero al 31 de diciembre, por un monto de más de 10 millones de pesos.
Cabe destacar que el IFSE no encontró ninguna irregularidad en dicho procedimiento e incluso se limita a mencionar que: “se constató que el expediente cuenta con el Acta de Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, donde se autorizó la adquisición, acreditamiento y justificación a la excepción de la Licitación Pública, cédula de registro al padrón de proveedores y un contrato debidamente formalizado”.
Dado que la auditoría hizo público el número de contrato, el 4 de febrero fue presentada la solicitud de información número 240469725000013, en la cual se le requirió a la Oficialía Mayor informar por qué se otorgó mediante adjudicación directa, así como a quién se le entregó, por cuál concepto, y copia del fallo y la junta de aclaraciones.
En respuesta, el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor celebró la sesión ordinaria número 19/2025 el lunes 3 de marzo, en la que, en primer lugar, se da cuenta del oficio OM/DGA/070/2025 entregado por la directora general de Adquisiciones, María Eugenia Guarneros Bañuelos, el cual señala:
“Se realizan las manifestaciones para considerar vulnerable, remitir la información solicitada para su entrega a un particular, en virtud de que se encuentra en el supuesto previsto de información reservada, lo anterior se acredita y soporta mediante el oficio número CGE/OIC OM-011/2024”.
Además de adelantar el supuesto de reserva, en el acta se explica que la directora general de Adquisiciones reconoció tener en su poder la información solicitada, pero determinó que esta no podía considerarse pública ya que: “afecta a la reserva temporal referida en el artículo 129, fracciones I, IV, VI y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, ya que la divulgación de los datos contenidos en los procedimientos administrativos generados por la Dirección General de Adquisiciones, pudieran ser aprovechados para comprometer los trabajos de revisión y fiscalización por parte de cualquier ente fiscalizador”.
La explicación que este párrafo ofrece sobre la reserva resulta contrastar con lo que menciona la ley, pues de las cuatro fracciones que menciona originalmente como justificación para no entregar la información (la I, IV, VI, & XII) ninguna tiene que ver con el resguardo por trabajos de revisión; de hecho, tales preceptos referidos en realidad aluden a: comprometer la seguridad pública, poner en riesgo la vida, obstruir la prevención o persecución de delitos y cualquier otra que no contravenga con la ley o esté expresa en tratados internacionales.
Aún con la contradicción de esa primera referencia hecha por la directora de Adquisiciones, el Comité de Transparencia remienda la plana de la funcionaria y resuelve que la información solicitada es susceptible de ser reservada, por tratarse de documentación que se ajusta a la excepción prevista en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Tal precepto, explica que la información puede considerarse reservada cuando:
“Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones”.
Pese a lo dicho, cabe señalar que dicha información clasificada como reservada, por ley debió de ser pública y estar disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia desde el mes siguiente al que se celebró el contrato, de acuerdo con la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
Al final del documento, el Comité justifica que se cumple el criterio de “prueba de daño” y por ello se decidió realizar la reserva al considerar que:
“En estas condiciones, se debe ponderar que la difusión pública de la información solicitada se justifica que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, debido a que al proporcionar la información solicitada, se estarían obstruyendo las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes, en específico la orden de auditoria con clave CGE/OIC-OM-011/2024 por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 que se encuentra en trámite ante la Dirección General de Adquisiciones”.
En el apartado final se expone que la información relativa al contrato de la Sedeco se decidió reservar por un periodo de cuatro años, es decir, hasta marzo del 2029, cuando el actual gobierno tenga dos años de haber concluido y se expone que la fecha del acuerdo de clasificación es del 3 de marzo de 2025, es decir, un mes después de haber recibido una solicitud de información pública sobre el caso.
Cabe destacar que este caso se suma a una lista de diversas adquisiciones y proyectos que el gobierno a cargo de Ricardo Gallardo Cardona ha decidido reservar, entre los cuales también se encuentra la reserva de información sobre las obras en la Feria Nacional Potosina, la reserva de la adquisición de las patrullas para la Guardia Civil Estatal (GCE), la reserva de la adquisición de las unidades de la Metro Red y la reserva de los contrato e información relativos a la remodelación del Parque Tangamanga I, uno de los proyectos emblemas de la primera mitad del sexenio.
Vale la pena recordar por igual que, en 2023, año en que la Sedeco realizó la contratación de los servicios de difusión por 10 millones 115 mil 200 (lo que es igual a un gasto mensual de 842 mil 933.33 pesos), el entonces titular, Juan Carlos Valladares Eichelmman, se perfilaba para contender por un cargo público en las elecciones de 2024; tales aspiraciones se convirtieron en una candidatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación federal del distrito VI con cabecera en San Luis Potosí, misma que finalmente ganó y que hoy ocupa como legislador en la Cámara de Diputados.
