El Radar
Por Jesús Aguilar
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En la última semana, los acontecimientos en San Luis Potosí y a nivel nacional han evidenciado la grave crisis de seguridad e institucionalidad que enfrenta el país.
La ciudad capital del estado fue testigo de hechos atípicos, pero cada vez más frecuentes: el incendio provocado de una tienda y el ataque a plena luz del día contra vendedores de flores. Al mismo tiempo, en Jalisco, estalló el escándalo de los crematorios clandestinos y los campos de concentración de jóvenes en Teuchitlán, una situación que revela un entramado criminal que opera con impunidad y que ha conmocionado al país.
La normalización de la violencia es tan alarmante como los índices que provoca.
¿Y ahora quién podrá defendernos?
Estos eventos ocurren en un contexto donde la inseguridad sigue en aumento y la sociedad se encuentra atrapada en un estado de incertidumbre. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 66.5% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad, y en lugares como San Luis Potosí la percepción de peligro sigue escalando. La violencia se ha diversificado: desde ataques armados hasta incendios provocados, cada incidente es un recordatorio de la falta de control del Estado sobre el crimen organizado.
A esto se suma un elemento que agrava el panorama: la inminente elección de jueces bajo un esquema promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se nos dice que este modelo fortalecerá la democracia y la independencia del Poder Judicial, pero la realidad apunta en la dirección contraria. La reciente experiencia con la selección de candidatos evidencia que el proceso está plagado de favoritismos. En la lista de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 16 de los 27 finalistas tenían afinidad con Morena, según denunció el exsenador Roberto Gil. Esto indica que la llamada “democratización judicial” podría derivar en un control partidista de los tribunales, eliminando la poca independencia que quedaba en el sistema.
¿Siempre vendrán tiempos mejores?
El modelo de elección de jueces no es nuevo en el mundo, pero en países con instituciones débiles ha demostrado ser un fracaso. La politización de la justicia en Venezuela y Nicaragua ha permitido que los regímenes de esos países anulen cualquier oposición. Si el Poder Judicial cae bajo el control de una sola fuerza política, cualquier litigio contra el gobierno estará condenado al fracaso, generando un ambiente de impunidad absoluta.
El economista y analista Eduardo Guerrero explica que “la crisis de inseguridad en México no se resuelve porque no hay incentivos para que el Estado fortalezca las instituciones de justicia; por el contrario, el control político del Poder Judicial podría derivar en una legalización de la impunidad”. Con jueces subordinados a Morena, los casos de corrupción o abuso de poder serán protegidos en lugar de castigados.
La pregunta central es si estamos haciendo lo suficiente para enfrentar esta crisis. Los datos y los eventos recientes sugieren que no. La sociedad civil se encuentra inerme ante un gobierno que, en lugar de fortalecer la justicia y la seguridad, promueve reformas que parecen encaminarse a la consolidación de un poder sin contrapesos. En San Luis Potosí, la violencia sigue escalando mientras las autoridades locales parecen incapaces de responder con eficacia. A nivel nacional, el escándalo de los crematorios clandestinos en Jalisco muestra el grado de descomposición al que hemos llegado.
A 75 días de la primera elección del Poder Judicial, el panorama no es alentador. No hay garantías de que el proceso traiga un cambio real, y las evidencias apuntan a que la selección de jueces estará marcada por el favoritismo y la lealtad al partido en el poder. Sin un sistema de justicia independiente, la lucha contra el crimen se vuelve una quimera.
¿Estamos en el camino correcto? La realidad sugiere que no. La inseguridad sigue cobrando vidas, la justicia está en riesgo de convertirse en un instrumento político y la ciudadanía se encuentra atrapada en una crisis sin salida aparente. Es urgente una reacción social, un cuestionamiento profundo de las reformas y una exigencia colectiva por un país donde el Estado de derecho no sea una simple ilusión.
