La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos I de España, ha sido imputada hoy en el caso Nóos por el juez que investiga una presunta trama de desvío de fondos públicos en la que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin.
El juez ha citado a la infanta a declarar el próximo 27 de abril, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
La declaración de la infanta está prevista en los juzgados de Palma de Mallorca en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, que estuvo presidido varios años por su marido.
Según el juez, la imputación se debe a que hay indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey Juan Carlos fuera utilizado por Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir un supuesto de “cooperación necesaria” o “complicidad” en los delitos presuntamente cometidos.
En el auto por el que cita a declarar a la infanta, el juez señala que no despejar la duda de si conocía la aplicación que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y en la empresa Aizoon SL, sería “un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos” .
El juez detalla catorce indicios que hacen dudar de si Cristina de Borbón conocía el uso de su presencia como vocal en Nóos y de su participación al 50 % con su marido en la inmobiliaria Aizóon, que proceden de la declaración de Diego Torres, de los correos electrónicos aportados a la causa y de la versión dada por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, también imputado.
Añade que si bien esos indicios por sí solos y considerados de forma aislada carecen de “peso suficiente para sustentar una imputación” de la infanta y no constituyen “indicios racionales” de que “interviniera activa y decididamente” en la gestión cotidiana de Nóos y Aizoon, sí indican que “bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con Su Majestad el Rey fuera utilizado” .
Urdangarin está imputado en esta causa desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones, en febrero de 2012 y febrero de 2013.
En esta última declaración ante el juez José Castro, instructor del caso, desligó a su esposa y a la Casa Real de sus actividades y aseguró que nunca autorizó o avaló los negocios del Instituto Nóos.
Iñaki Urdangarin fue apartado de las actividades oficiales de la Familia Real en diciembre de 2011, tras su imputación.
De 45 años y exjugador de balonmano, se casó con la hija menor del monarca en 1997, y tienen cuatro hijos.
En su última declaración, aseguró también -según informaron a Efe fuente jurídicas- que en marzo de 2006, por consejo de la Casa Real, se desmarcó del Instituto Nóos.
La imputación de la infanta Cristina se produce después de que se publicaran varios correos electrónicos de Diego Torres, ex socio de Urdangarín en el citado instituto y también imputado, dirigidos supuestamente a ella y a otras personas del entorno de la Casa Real.
El pasado 29 de enero, el juez también imputó a Carlos García Revenga, secretario de las hijas del rey, quien prestó declaración el 23 de febrero.
En el caso Nóos se investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de euros de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.
La Casa del Rey ha manifestado, a través de un portavoz, que “no comenta decisiones judiciales” tras la imputación de la infanta Cristina.
Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) , el principal de la oposición, expresó su respeto por la decisión del juez y destacó que “la Justicia en España es igual para todo el mundo” .
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) , Cayo Lara, declaró tras conocerse la imputación que “más vale tarde que nunca” , y señaló que “tal vez con esto se pueda hacer bueno lo que dijo el monarca que todos somos iguales ante la ley” .
Para el “número dos” del partido de centro Unión, Progreso y Democracia (UPyD) , Carlos Martínez Gorriarán, la imputación demuestra que, pese a las “muchas deficiencias” , la democracia española es un Estado de derecho y la impunidad, “no se consigue” , aunque se trate de un miembro de la Casa Real.
