El caso del mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien murió tras ser brutalmente agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, será revisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto se hará como parte del proceso para verificar si ese país cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Anastasio era un trabajador de la construcción que vivió durante más de 20 años en Estados Unidos. El 28 de mayo de 2010, más de una docena de oficiales lo sometieron mientras se encontraba esposado, y lo golpearon y electrocutaron en repetidas ocasiones. Todo quedó grabado por testigos en al menos dos videos donde se escucha al hombre suplicar por ayuda, mientras algunos oficiales se arrodillaban sobre su cuello y espalda.
La gravedad de este caso ha sido destacada por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Leyes de la Universidad de California Berkeley y por la organización Alliance San Diego. Ambas entregaron un informe a la ONU para evidenciar las fallas graves que existen en el sistema de derechos humanos en Estados Unidos.
El hecho fue clasificado como homicidio por el médico forense, pero ningún agente involucrado ni sus superiores han enfrentado consecuencias legales. Esto, según los abogados de la familia de Anastasio, demuestra que el estándar legal que regula el uso de la fuerza en ese país —basado en lo que se considera “razonable” desde el punto de vista de los propios agentes— es peligroso y permite abusos sin castigo.
Los representantes legales de la familia aseguran que la muerte del potosino es prueba de que los derechos humanos no están realmente garantizados en Estados Unidos, especialmente para los inmigrantes. También remarcaron que, mientras el gobierno amplía el poder de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es más urgente que nunca exigir responsabilidades.
Actualmente, el caso también está siendo examinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque esta comisión no puede imponer sanciones a Estados Unidos, sí puede emitir una resolución a favor de los familiares de la víctima y hacer recomendaciones para prevenir nuevos abusos en la frontera.
La ONU, por su parte, analizará las pruebas como parte del Examen Periódico Universal, un mecanismo obligatorio para todos los países miembros. El informe con sus conclusiones se espera para noviembre, cuando también podría conocerse el veredicto de la CIDH.
