Desiree Madrid
La Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó a una mujer implicada en la muerte de una joven que se sometió a una interrupción del embarazo en un consultorio clandestino en San Luis Potosí. Así lo confirmó la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, quien detalló que el médico responsable del procedimiento se encuentra prófugo.
“La clínica, el día de hoy estamos judicializando a la persona que apoyaba al doctor, el doctor se dio a la fuga”, declaró García Cázares en entrevista.
Relató que la víctima acudió al lugar “junto con su esposo y con su suegra” para someterse al procedimiento, pese a que “el médico no tenía la autorización correspondiente para llevar este tipo de intervenciones”.
La fiscal explicó que el consultorio fue clausurado y que el procedimiento fue mal realizado.
“Se hizo la necropsia y, bueno, se encontró dentro del vientre de la madre todavía la placenta con restos del feto”, señaló.
Cuando se le preguntó si se trataba de un establecimiento clandestino, la fiscal respondió que sí, además de que el procedimiento fue ejecutado de manera negligente.
“Estamos viendo sobre todo el actuar del médico, que no es un médico general, no es un médico ginecólogo, no llevó a cabo el procedimiento de la forma adecuada. La persona tenía más de 12 semanas de embarazo”, precisó la titular de la Fiscalía.
García Cázares también fue cuestionada sobre si existen otros casos similares en la entidad.
“A veces recibimos denuncias sobre médicos, pero hay que checar si hay o no negligencia”, aclaró, pero este caso específico “ya se judicializó desde ayer”.
Respecto al paradero del médico, la fiscal comentó que hasta el momento no se ha confirmado su salida del estado.
“Hasta ahorita no tenemos conocimiento que haya salido afuera, lo seguimos buscando”, concluyó.
Este hecho ha generado una fuerte reacción entre colectivas y activistas por los derechos de las mujeres, quienes denunciaron la omisión institucional y exigieron condiciones médicas seguras para evitar que más mujeres pierdan la vida por prácticas en condiciones clandestinas.
También señalaron que el procedimiento fue un legrado y criticaron la falta de acceso a servicios de salud adecuados para la atención de este tipo de casos en San Luis Potosí.
“Ninguna mujer debería morir durante una interrupción del embarazo. Aunque es legal en San Luis Potosí, una joven perdió la vida por no tener acceso seguro”, señaló el Colectivo Marea Verde.
