El Radar
Por Jesús Aguilar
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El escándalo que se avecina en San Luis Potosí otra vez tiene una dos marcas conocidas, la minería y el riesgo ambiental, fórmula de abusos que ya experimentamos en el pasado reciente.
Astrolabio documentó y alertó sobre esto en la comunidad de Corcovada en el municipio de Villa Hidalgo, pero ahora no son Canadienses los que buscan extraer, sino tentáculos de uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego.
El serial de ambigüedades en Corcovada comenzó hace al menos dos años, cuando la empresa Servicios Drilling solicitó a la Asamblea ejidal permiso para perforar 43 puntos a cambio de 400 000 pesos y la construcción de un pozo de agua potable que nunca llegó. Pese a que oficializaron su presencia como un proyecto de “exploración”, los ejidatarios advirtieron muy pronto que las características de las barrenaciones eran propias de un avance minero, no de un suministro de caliza para cemento.
Tras seis meses de silencio y la retirada de la empresa sin cumplir ninguno de los compromisos pactados, la comunidad vio reavivarse el viejo mito de la “maldición del oro”, mientras se multiplicaban las ofertas de compra de 500 hectáreas de terrenos de uso común.
Lejos de un proceso transparente, los habitantes de Corcovada han enfrentado presiones, amenazas veladas y maniobras para dividir al ejido. Desde la llegada sin invitación del Director de Minería, Javier Muñoz Quintana, hasta la imposición de denuncias contra quienes defienden sus tierras, el mensaje ha sido claro: “si no vendes, tendrás problemas”. Al mismo tiempo, promesas de escuelas, hospitales e infraestructura se mezclaron con aportaciones económicas para fiestas patronales y simulacros de “obras de limpieza”, estrategias habituales de las empresas extractivas para ganar simpatías y legitimar proyectos.
El cambio de figura empresarial —de la fantasmal Servicios Drilling a CEMAT Construction S.A. de C.V., constituida el 12 de septiembre de 2024— dejó al descubierto vínculos con Cemento Atlas y abogados de alto perfil en Grupo Salinas, como Alejandro Espinosa Ollivier y Norma Elvira Urzúa Villaseñor, exrepresentante legal de la minera Cobre del Mayo, favorecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte.
El entramado corporativo evoca modus operandi repetidos en Chiapas y Baja California Sur, donde empresas de “Grupo Salinas” han recurrido al engaño y la presión para despojar a comunidades de su territorio.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) nació en 2003 para exigir la publicación exhaustiva de licencias, contratos, producción e impactos socioambientales en el sector extractivo.
México se adhirió en octubre de 2017, pero ha sido suspendido dos veces por “insuficiencia significativa” en la participación de la sociedad civil y la presentación oportuna de informes, especialmente en minería, donde persisten “enormes disparidades” en comparación con petróleo y gas. Este antecedente internacional pone en evidencia que el caso Corcovada no es una excepción, sino la manifestación local de una tendencia sistémica de opacidad y desprotección comunitaria.
“El escrutinio público siempre sienta mal a las prácticas cuestionables en la industria minera. La falta de transparencia puede valer tanto como el propio recurso que buscan extraer”, advierte la Maestra Adriana Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP y columnista de Astrolabio, al analizar el desprestigio minero en Corcovada en su célebre Cábala.
Por su parte, Alejandro Ruiz, periodista independiente, describe con claridad el impacto social:
“Trajeron una máquina para limpiar los caminos, contribuyeron con dinero para la fiesta patronal… pero todo con la misma intención: engañar a la gente”.
Desde el ámbito académico, especialistas en economía ambiental de la UASLP insisten en que cualquier proyecto extractivista debe garantizar estudios de impacto debidamente verificados, consulta amplia a la comunidad y mecanismos reales de rendición de cuentas, elementos ausentes en Corcovada.
Hoy lanzamos varias preguntas pertinentes en el previo de un tema que puede volver a generar un cataclismo medio ambiental y ligas de potencial corrupción.
1. ¿Quién asume la responsabilidad de informar a fondo sobre la calidad y la viabilidad del mineral detectado? ¿El Gobierno del Estado, la Dirección General de Desarrollo y Promoción Minera o un organismo autónomo independiente?
2. ¿Qué mecanismos existen para garantizar que las asambleas ejidales cuenten con asesoría legal y ambiental imparcial? ¿Cómo se previenen las cooptaciones o las denuncias fraguadas para intimidar disidentes?
3. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental completos y los planes de manejo de agua y biodiversidad? Corcovada forma parte de la Sierra de San Miguelito, un ecosistema de alta fragilidad.
4. ¿Cuál es el grado de participación real de la sociedad civil en los informes EITI de México? ¿Por qué, a nivel estatal, persisten prácticas que la EITI misma ha señalado como “insuficientes”?
5. ¿Cómo se fiscalizarán—en caso de avalarse la compra de 500 hectáreas—los posibles impactos de la extracción de oro y plata de baja ley, terrenos que hoy pertenecen al ejido?
6. ¿Realmente están buscando extraer materiales de construcción o hay algo oculto en las casi 500 hectáreas que pretenden y que por los rumores de su potencial inversión parecen algo más que ORO?
Corcovada es un microcosmos de los retos que enfrenta México en materia de minería: secretismo corporativo, presiones a comunidades y vacíos en la rendición de cuentas. Si no atendemos las preguntas aquí planteadas, el país seguirá desacreditado ante estándares internacionales y, lo más grave, pondrá en riesgo su patrimonio natural y social.
La exigencia de transparencia y respeto al medio ambiente no es una demanda local: es un imperativo para la credibilidad y la justicia en todo el sector extractivo.
En 2022, cuando la hoy Presidenta Sheinbaum era Jefa de Gobierno de la CDMX firmó un acuerdo de colaboración en materia ambiental con el gobernador potosino Ricardo Gallardo, la vocación de la hoy primera mandataria mexicana sobre el ambientalismo es clara, en San Luis la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental ha sido hogar de refugiados políticos en lo reciente y no ha sido un puntal para cambiar las cosas en éste ámbito. Con el pretexto del caso Corcovada, Ricardo Gallardo debe ser congruente con varios de sus contundentes dichos como cuando mencionó que con su gobierno comenzaba, no solo la reconstrucción del tejido social, sino también del ecológico, o cuando ha sido determinante en cerrar el paso a los barones del concreto en los terrenos soñados de explotación en la Sierra de San Miguelito.
