El Radar
Por Jesús Aguilar
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Justo en los tiempos de la partida del gran Papa Francisco que dijo hace poco “que los abusos sexuales a menores silenciados durante décadas por el Vaticano son “la vergüenza y la humillación de la Iglesia”, resurge otro caso de potencial pederastia en uno de los colegios de mayor tradición.
San Luis Potosí se ve nuevamente sacudido por denuncias de abuso sexual en el ámbito educativo, esta vez en el Instituto Potosino Marista.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) suspendió temporalmente las inscripciones en la secundaria del instituto tras una denuncia de agresión sexual presentada en octubre de 2024. La medida se tomó luego de que la institución obstaculizara una inspección programada para febrero de 2025
El respeto y la protección de la infancia en las instituciones educativas religiosas están en el centro del debate público tras las recientes alegaciones de pederastia en el Instituto Potosino Marista.
Para comprender la magnitud de esta crisis y la urgencia de reformar las políticas internas de las congregaciones, es imprescindible remontarse a un caso que, aunque ocurrió hace casi dos décadas, revela patrones de encubrimiento y negligencia que persisten hasta hoy.
El antecedente de 2004 y la larga sombra de la impunidad
En 2014, salió a la luz el historial de abusos de Eduardo Córdova Bautista, sacerdote y ex docente del Instituto Potosino Marista. Las primeras denuncias formales datan de 1983, cuando una familia llevó el caso ante la propia escuela, provocando su despido como profesor laico; sin embargo, la Arquidiócesis de San Luis Potosí permitió su ingreso al seminario al año siguiente y su ordenación en 1988. Nuevas acusaciones emergieron en 2004 y 2012, sin que las autoridades eclesiásticas ni civiles actuaran con la debida diligencia hasta que las víctimas hicieron público su testimonio ante medios nacionales.
Martin Faz Mora, defensor de víctimas, hoy consejero ciudadano del INE, subrayó en su momento que “tres arzobispos potosinos debieron conocer los abusos… existía un entorno institucional de encubrimiento, porque ese entorno conocía de las conductas de Córdova” Aun cuando en mayo de 2014 se emitiera una orden de arresto, Córdova Bautista permanece prófugo, reflejo de un sistema que demoró décadas en responder.
Dinámicas de silenciamiento y encubrimiento
La cronología de este caso ilustra dos fenómenos recurrentes en muchas órdenes religiosas dedicadas a la educación:
• Protección interna de los agresores, mediante traslados discretos y omisión de denuncias formales.
• Presión sobre las víctimas y sus familias para firmar acuerdos de reserva o declaraciones “juradas ante Dios” que impedían cualquier divulgación pública.
Tales prácticas vulneran derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados y, por extensión, a las instituciones educativas a proteger a los menores contra toda forma de violencia y abuso (Artículos 3 y 19).
Lecciones internacionales sobre políticas de transparencia y rendición de cuentas.
Organizaciones como Transparency International han desarrollado guías para la elaboración de políticas de protección infantil que incluyen:
1. Definiciones claras de abuso y protocolos de actuación ante sospechas.
2. Canales confidenciales para que víctimas y testigos denuncien sin temor.
3. Sanciones internas y colaboración plena con autoridades civiles y educativas
Por su parte, la UNESCO resalta la importancia del acceso público a la información como piedra angular de la transparencia institucional, recomendando la publicación de informes de cumplimiento normativo y auditorías externas periódicas.
El imperativo de la reforma en las instituciones maristas
Para no sacrificar su vocación educativa y espiritual, las congregaciones maristas y otras órdenes católicas deben:
• Publicar sus protocolos de prevención y sanción de abusos, actualizados y sometidos a revisión independiente.
• Capacitar a todo el personal —hermanos, docentes y administrativos— en detección temprana de conductas de riesgo y manejo de denuncias.
• Crear observatorios participativos con padres de familia, académicos y organizaciones civiles que monitoreen su implementación.
La adopción de estas medidas no solo honra la dignidad de las víctimas, sino que fortalece la credibilidad de las instituciones religiosas. Al garantizar entornos educativos seguros y transparentes, se renueva la confianza de la comunidad y se preserva el legado de servicio y formación que define la labor marista.
Yo como una gran población de San Luis Potosí, somos orgullosos egresados de esta institución que ha aportado muchísimas cosas positivas para la comunidad, sin embargo, mientras más tiempo pase en el que modifiquen de fondo su manejo interno y externo y erradiquen visiblemente las condiciones de riesgo que existen para los estudiantes, el tema no dejará de ocupar los principales espacios de información como lo hicimos en los dos miles en la televisión y ahora a través de estos medios y en MG Radio.
