El Radar
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Por Jesús Aguilar
En San Luis Potosí, la crisis hídrica no es una amenaza futura: es una realidad tangible que cobra nuevas víctimas cada día. La reciente denuncia de los residentes del fraccionamiento Hacienda Valbuena, un desarrollo inmobiliario de lujo al poniente de la capital potosina, ha encendido las alarmas sobre un problema aún más grave: el acceso a agua de origen incierto, potencialmente contaminada, en una región históricamente marcada por la actividad minera y el uso de sustancias altamente tóxicas como el cianuro.
En el pasado reciente el paso de Minera San Xavier por Cerro de San Pedro fue motivo de una vorágine de condiciones complejas, tanto legales como ambientales, pugnas abiertas por la defensa del espacio primario de la construcción histórica del estado y parte del escudo de armas de la ciudad capital y el estado.
Luego de que los colonos de Hacienda Valbuena expusieran que fueron engañados con promesas de suministro de agua “a perpetuidad”, el organismo operador INTERAPAS confirmó mediante una tarjeta informativa que el fraccionamiento no recibe agua de la red pública.
De hecho, aclaró que el suministro proviene de un pozo agrícola y de pipas contratadas por particulares, sin control sanitario oficial. Esta irregularidad no solo expone la ilegalidad del suministro, sino que plantea preguntas inquietantes sobre la calidad del aguaque consumen las familias.
En un contexto como el potosino, donde existen numerosas excavaciones mineras, el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos con cianuro es real y está documentado. De acuerdo con la Dra. María del Carmen Hernández Paniagua, investigadora de la Facultad de Medicina de la UASLP, el cianuro en el agua puede provocar intoxicaciones agudas, afectando directamente el sistema respiratorio y cardiovascular, y en casos de exposición crónica, daños neurológicos irreversibles, hipotiroidismo e incluso predisposición a ciertos tipos de cáncer.
“Una concentración de cianuro superior a 0.2 miligramos por litro ya representa un riesgo para la salud humana”, advierte Hernández Paniagua, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Si las fuentes de abastecimiento no están sujetas a monitoreos continuos, es imposible garantizar que el agua sea segura”, añade.
Por su parte, el biólogo Óscar Monroy Hermosillo, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), enfatiza que la minería de metales preciosos como el oro y la plata —actividad común en los alrededores de San Luis Potosí— utiliza cianuro de sodio en sus procesos de lixiviación. “Muchos pozos agrícolas o de uso particular están contaminados porque los residuos mineros se filtran al subsuelo y terminan en los acuíferos”, sostiene Monroy.
Aunque los desarrolladores de Hacienda Valbuena prometieron “autosuficiencia” en materia hídrica, la falta de apego a los protocolos establecidos por el Interapas revela un nivel de negligencia alarmante. “Prometer agua ‘a perpetuidad’ sin sustentarlo técnicamente es una forma de fraude ambiental”, opina la arquitecta Marisol Tovar García, especialista en desarrollo urbano sustentable.
En Hacienda Valbuena, el problema es doble: no solo se viola la normatividad urbanística, sino que también se juega irresponsablemente con la salud de sus propios residentes, muchos de ellos niños pequeños y personas mayores, quienes son más vulnerables a los efectos de sustancias tóxicas.
Además, la propia geografía agrava la situación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la zona de San Luis Potosí donde se ubica Hacienda Valbuena, existen antecedentes de minería a cielo abierto y explotación de materiales como oro y plata, procesos en los que históricamente se ha utilizado cianuro en grandes cantidades.
¿Quién protege hoy a los habitantes de Hacienda Valbuena? La ausencia de un monitoreo oficial del agua, sumada a la indiferencia de las autoridades municipales que permitieron el avance del fraccionamiento sin resolver la factibilidad hídrica, es un recordatorio brutal de que el acceso al agua limpia sigue siendo un privilegio más que un derecho en San Luis Potosí.
Mientras los trámites de regularización avanzan —o se estancan—, los riesgos para la salud de quienes bebieron y siguen bebiendo esa agua de origen incierto son latentes. No es exagerado afirmar que en cada vaso podría estar la semilla silenciosa de una tragedia futura.
El gobierno del estado actual ha manifestado su repudio a las consecuencias del paso de MSX y los efectos colaterales en la comunidad, incluso el Secretario General de Gobierno estableció su exigencia de asumir su responsabilidad, es hora de que pongan un mayor énfasis en el tema.
La historia de Hacienda Valbuena debe ser una advertencia: cuando se combina la especulación inmobiliaria con la irresponsabilidad ambiental, el costo siempre lo paga la ciudadanía.
