María Ruiz
La reciente charla “Inmobiliarias al ataque: las disputas por el espacio urbano” dentro del Foro Platicar, imaginar y hacer ciudad, donde participaron los investigadores María Suhey Tristán Rodríguez, Guillermo Luevano Bustamante y César Eder Alanís de la Vega, dejó una reflexión clave sobre el crecimiento de las ciudades y cómo hay disputas que no siempre se ven, pero afectan profundamente la vida de las personas.
Lo que parece desarrollo y modernización muchas veces es también desplazamiento, desigualdad y pérdida de derechos para quienes menos tienen.
Una de las ideas centrales que se discutieron es que el suelo —los terrenos donde se construyen casas, parques, calles— se ha convertido en una mercancía. La y los especialistas mencionaron que ya no se piensa en él como un espacio para que las personas vivan dignamente, sino como un negocio para hacer dinero.
“El suelo se vuelve objeto de extracción, no de habitación”, mencionaron.
Los doctores Eder y Guillermo explicaron por qué se ven cada vez más fraccionamientos de lujo en las periferias de las ciudades o grandes desarrollos inmobiliarios en zonas antes rurales o comunitarias.
Este modelo llamado extractivismo inmobiliario, explicó la doctora Suhey, no solo construye edificios, también expulsa a las comunidades que vivían ahí, muchas veces desde hace décadas.
Señaló que las personas son desplazadas, porque ya no pueden pagar los nuevos precios o porque simplemente son despojadas de su espacio. Además, las nuevas construcciones suelen cerrarse sobre sí mismas, con bardas y vigilancia, convirtiendo los bienes naturales —como ríos, bosques o lagunas— en amenidades exclusivas para quienes pueden pagar, mientras excluyen a los demás. Así, se “crean nuevas formas de desigualdad en la ciudad”.
El papel del Estado: ¿aliado de la gente o del mercado?
Otro punto importante que se expuso es que estos procesos no ocurren solos: tienen detrás decisiones políticas y económicas.
La y los expertos explicaron que el Estado, es decir, las autoridades y los gobiernos, no solo permiten estos cambios, muchas veces los promueven.
Guillermo Luevano dijo que esto se da mediante leyes, permisos de construcción y cambios en el uso de suelo, que facilitan que las inmobiliarias y grandes empresas transformen zonas enteras según sus intereses.
“La relación entre el Estado y el mercado inmobiliario es profundamente asimétrica; los desarrolladores tienen mucho más poder para decidir cómo se construye la ciudad”, detalló .
Esto queda claro en casos como el llamado “cártel inmobiliario” de la Ciudad de México, donde se descubrió que funcionarios públicos y empresarios estaban coludidos para obtener ganancias a costa de los vecinos.
El resultado es que el derecho a vivir en la ciudad, con acceso a transporte, servicios y espacios públicos, se vuelve un privilegio que depende del dinero.
“El derecho a la ciudad se convierte en un lujo”, coincidieron Suhey y Eder, al dejar claro que lo que está en juego no es solo la estética urbana, sino la posibilidad real de habitarla.
La lucha de Palo Alto: un ejemplo de resistencia
Para ponerle rostro humano a esta problemática, se presentó también el caso de Palo Alto, una comunidad que nació en los años 70 como una cooperativa de trabajadores en lo que hoy es Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
Actualmente, Palo Alto está literalmente rodeada por rascacielos, centros comerciales y desarrollos de lujo, pero la comunidad sigue ahí, resistiendo las presiones para vender sus tierras.
“La cooperativa está sitiada por el desarrollo inmobiliario, pero su existencia muestra que hay otras formas de vivir la ciudad”, se mencionó en el foro.
Sus habitantes enfrentan dificultades cotidianas, como tener que desplazarse más para conseguir servicios básicos, pero mantienen viva la lucha por permanecer en su espacio y proteger su forma de vida comunitaria.
Este caso demuestra que, aunque las fuerzas que transforman la ciudad son poderosas, también existen resistencias que defienden el derecho a habitarla dignamente.
La aparición constante de nuevos edificios y centros comerciales plantea interrogantes cruciales que van más allá de la estética urbana: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta transformación y a quiénes se desplaza en el proceso? ¿Qué valores se priorizan y cuáles se sacrifican en nombre del progreso?
Más allá del marco legal
Tristán Rodríguez, Luevano Bustamante y Alanís de la Vega, desde sus respectivas investigaciones, también hablaron de los procesos judiciales, tal como están estructurados, a menudo resultan insuficientes para abordar la complejidad social y la asimetría de poder presentes en las disputas por el espacio urbano.
Los expertos señalaron cómo el marco legal, frecuentemente enfocado en interpretaciones mercantiles y administrativas, tiende a descontextualizar las luchas de las comunidades por su derecho a habitar.
En el caso de Palo Alto, por ejemplo, se evidenció cómo un juicio de liquidación, abordado bajo una lógica mercantil, ignoró la dimensión social de una cooperativa de vivienda y el impacto de la especulación inmobiliaria en la permanencia de sus habitantes.
La justicia se centró en la propiedad individual, sin considerar la historia colectiva y la vulnerabilidad de la comunidad frente a la voracidad del mercado.
De manera similar, el caso de San Marcos Carmona en San Luis Potosí ilustró cómo las estrategias legales, aunque logren victorias temporales como suspensiones, se enfrentan a la falta de cumplimiento y a la criminalización de la resistencia comunitaria.
La experiencia compartida por los expertos subraya la necesidad de trascender una visión puramente legalista en la resolución de estos conflictos.
Remarcaron lo fundamental de incorporar una perspectiva social que reconozca la desigualdad y los impactos diferenciados en el desarrollo urbano, donde la justicia no sea ciega a las dinámicas de poder y donde la voz de las comunidades sea escuchada y valorada por encima de la lógica implacable del mercado.
“La verdadera justicia urbana exige una comprensión profunda de las complejidades sociales que subyacen a las disputas por el espacio”, sentenció Luevano.
