Por Mario Candia
16/05/25
SPY VS. SPY La seguridad pública en San Luis Potosí ha dejado de ser una prioridad técnica para convertirse en un frente político de desgaste. Esta semana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que al menos 20 municipios, incluida la capital, no están cumpliendo con su responsabilidad en materia de seguridad. En paralelo, el secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, acusó directamente al gobierno municipal de Enrique Galindo de actuar con “desinterés” frente a las estrategias estatales de coordinación. Aseguró que, pese a las reiteradas invitaciones, el municipio ha evadido participar activamente en las mesas de trabajo con autoridades federales y estatales.
LA ESTRATEGIA La respuesta del alcalde no se hizo esperar. Cuestionó la inexistencia de una estrategia estatal formal y sostuvo que el gobierno capitalino no ha fallado: “¿Dónde está la estrategia? ¿Cuál es el documento rector de seguridad estatal?”, preguntó. Galindo defendió su gestión señalando reducciones importantes en diversos delitos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el secuestro en la capital bajó en más del 62%, el feminicidio en más del 60%, el homicidio culposo en más del 41%, el robo a casa-habitación en más del 36%, el robo en transporte público en 29% y el robo a negocio en más del 9%.
LA PERCEPCIÓN Sin embargo, también reconoció una realidad paralela: la percepción de inseguridad. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que, en septiembre de 2024, el 67.3% de los potosinos se siente inseguro en cajeros automáticos y el 61.8% en el transporte público.
LIBERACIÓN EXPRÉS El alcalde reveló que la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital ha mantenido un seguimiento sistemático de personas detenidas por delitos flagrantes, quienes según sus registros son liberadas en cuestión de horas al ser puestas a disposición de las autoridades competentes estatales. Aunque la competencia judicial no es municipal, Galindo apuntó que este fenómeno contribuye directamente a la percepción de impunidad e ineficacia que resiente la ciudadanía: “Los volvemos a ver en las calles, muchas veces reincidiendo, y eso mina la confianza en todas las instituciones”.
DISCURSOS PARALELOS La disputa entre ambos niveles de gobierno no es nueva, pero esta vez escaló a una confrontación pública que exhibe la falta de coordinación institucional. En lugar de estrategias conjuntas, lo que hay son discursos paralelos y acusaciones cruzadas. Uno presume cifras, otro acusa ausencia. Uno reclama protagonismo, el otro denuncia abandono.
SUBORDINACIÓN Pero en el fondo, más que una legítima preocupación por la seguridad, el gobernador pareciera estar molesto porque hay autoridades que no se subordinan a su línea política. Su definición de “coordinación” no tolera disenso ni autonomía: exige obediencia. Y ahí radica el verdadero problema. En vez de sumar esfuerzos institucionales, se exige alineamiento incondicional. En lugar de fortalecer la cooperación entre órdenes de gobierno, se privilegia la imposición vertical. El mensaje es claro: no se trata de quién hace mejor las cosas, sino de quién se somete.
VIOLENCIA SIN TREGUA ¿Y mientras tanto? La ciudadanía sigue contando muertos, robos y desapariciones. La seguridad, más que un asunto de gobernabilidad, se ha vuelto un espectáculo mediático, donde cada nivel de gobierno busca ganar puntos sin asumir costos. Lo grave no es que se confronten, sino que no colaboren. La violencia no espera, y mucho menos respeta banderas partidistas.
Hasta mañana.
