Con ropa blanca y en completo silencio, cientos de personas caminaron desde el jardín de Tequisquiapan hasta la Fiscalía General del Estado, este domingo 18 de marzo, para alzar la voz por la inseguridad que se vive en San Luis Potosí. La manifestación fue una respuesta pacífica al asesinato de Sandra Revilla, ocurrido el pasado 10 de mayo.
Durante el recorrido no se escucharon consignas, pero sí se mostraron pancartas con frases como “SLP de luto”, “La violencia no es normal”, “Queremos sentirnos seguros” y “San Luis sin miedo”. El ambiente era solemne, pero la exigencia era clara: justicia y paz.
Al llegar a las instalaciones de la Fiscalía, las y los manifestantes leyeron un posicionamiento dirigido al gobierno estatal, al Ayuntamiento capitalino y a la Fiscalía, en el que exigieron cambios inmediatos y acciones concretas. Entre sus peticiones está la creación de un Consejo Ciudadano de Seguridad que incluya a distintos sectores sociales, no solo empresariales, y que haya una verdadera coordinación entre policías, sin intereses políticos de por medio.
También pidieron que se invierta más en inteligencia para prevenir delitos, ya que, según los manifestantes, las estrategias actuales no están funcionando y la población vive con miedo constante.
Mientras tanto, afuera del edificio de la Fiscalía, se presentó Miguel Ángel García Amaro, comisionado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien dijo que no puede dar detalles del caso porque la familia ya cuenta con acompañamiento jurídico particular. Aclaró que una vez que le asignen formalmente la competencia, podría brindar más información.
Además, García Amaro comentó que pronto recibirá a una comisión de familiares para hablar sobre el caso.
Por otro lado, Ivett Larrea, presidenta de AMEXME (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias), señaló que el sector empresarial también está afectado por la inseguridad. Explicó que los robos se han vuelto más sofisticados, usando incluso disfraces de repartidores de aplicaciones, y aunque por ahora no hay desplazamiento de negocios, sí alertó que este tipo de violencia puede poner en riesgo la economía del estado, como ocurrió en administraciones pasadas.
