María Ruiz
A casi nueve meses de haber denunciado el acoso escolar que sufrió su hijo de ocho años dentro del Instituto Hispano Inglés, Daniela Ramos, madre de familia, aún busca justicia. A pesar de haber acudido ante diversas instancias, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la respuesta institucional ha sido nula.
El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando su hijo comenzó a presentar síntomas físicos relacionados con estrés, lo que culminó en una cirugía intestinal.
La madre denunció actos de violencia física, verbal y psicológica por parte de un compañero de clases, así como la omisión de las autoridades escolares para atender adecuadamente la situación.
“El acoso que vivió mi hijo está comprobado. Hay documentos, hay evidencias, incluso informes médicos. Sin embargo, el instituto negó los hechos ante Derechos Humanos y minimizaron lo sucedido diciendo que solo fue un evento aislado”, expresó Daniela Ramos durante entrevista.
De acuerdo con su testimonio, otro alumno del mismo grado —también de ocho años— le propinó golpes, patadas, cachetadas, e incluso le habría clavado unas tijeras en la cabeza. Se trataba de un alumno que ya contaba con antecedentes de agresión en otra institución.
Pese a la gravedad del caso, la única medida tomada fue su baja voluntaria, a petición de los propios padres del menor agresor.
Ramos relata que el instituto no sólo fue omiso, sino que además buscó desacreditar a su hijo con el argumento de supuestos problemas familiares, y ha permitido la revictimización.
“Nos dijeron que tal vez el niño estaba afectado por nuestro divorcio, como si eso justificara la violencia que sufrió”, lamentó.
Además, asegura que docentes del plantel habrían minimizado o ignorado agresiones ocurridas dentro del aula.
“El 70 por ciento de las agresiones ocurrieron durante clases. La maestra Yolanda estaba presente, pero en su declaración dijo no haberse dado cuenta de nada”, señaló.
La situación llegó a un punto crítico en febrero, cuando un grupo de padres de familia realizó una manifestación pacífica frente al colegio. En respuesta, la supervisora escolar de la zona, Luz María Montejano Villaseñor, acudió al lugar, no para atender las quejas, sino para reprenderlos.
“Nos regañaron por hacer alboroto, dijeron que ya todo estaba resuelto, pero nada se ha solucionado”, afirma Ramos.
Actualmente, su hijo continúa en tratamiento psicológico pagado por la familia. Daniela ha sido orientada a presentar una demanda civil contra la institución, ya que debido a la edad del agresor, no es posible un proceso penal.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, Daniela Ramos hizo un llamado público a la senadora Ruth González Silva, reconocida por su labor en causas sociales, para que le brinde asesoría y respaldo legal.
“Necesito que alguien me ayude a defender a mi hijo. No busco venganza, busco justicia y que esto no vuelva a repetirse con ningún otro niño”.
Ramos asegura que su lucha no es solo por su hijo, sino también por otros menores que, según testimonios de padres, han sufrido acoso en el mismo plantel sin ser escuchados.
“Se hablaba de al menos 30 casos más en distintos niveles. No entiendo por qué otras mamás no se atreven a hablar. Tal vez tienen miedo, pero yo no me voy a callar”.
Por último, también refirió que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos no dio entrada a la denuncia, ya que por una parte quien había ejercido los actos de violencia había sido un menor de edad, y aunque el origen también fue por la falta de cuidados de los maestros a cargo de la clase, este organismo le recomendó interponer una denuncia civil en contra del colegio y la directora.
Es por ello que solicitó el apoyo para poder pagar una defensa óptima que logre al menos la destitución de la directora de este instituto o bien una reparación del daño ejercido hacia su hijo, ya que hoy día el menor presenta afectaciones psicológicas que están asentadas en dictámenes médicos.
En el caso de la CEDH, se interpuso la queja correspondiente, y cuando el organismo hizo el llamamiento al institución, brindo una información completamente diferente al revictimizar y vulnerar al menor agredido.
Mientras tanto, el Instituto Hispano Inglés y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) continúan sin emitir una postura oficial. La denuncia, por ahora, sigue sin resolverse.
