A casi nueve meses de iniciada la denuncia, el caso de un niño de ocho años presuntamente víctima de acoso escolar en el Colegio Hispano Inglés de San Luis Potosí continúa sin resolución. Su madre, Daniela Ramos, acusa que tanto las autoridades educativas como el propio plantel han ignorado la gravedad del caso.
El menor, alumno del Instituto, habría sido objeto de agresiones físicas, verbales y psicológicas desde septiembre de 2024. Según su madre, estas agresiones derivaron en problemas de salud severos, incluyendo una inflamación intestinal provocada por estrés crónico, situación que requirió atención médica especializada.
“Pagamos por educación y seguridad, no por miedo y enfermedad”, expresó Ramos, quien calcula que gasta más de 90 mil pesos al año entre colegiaturas, inscripciones, uniformes y materiales escolares.
El agresor fue retirado, pero el hostigamiento continúa
Aunque el niño señalado como agresor fue retirado por decisión de sus propios padres, Daniela Ramos afirma que el colegio no ha garantizado un entorno seguro ni emocional ni físicamente para su hijo. Además, denuncia un ambiente de revictimización institucional.
Relató que profesores del plantel han sometido a su hijo a interrogatorios sobre su situación familiar, insinuando que su malestar se origina en el entorno doméstico. “Se nos está culpando a nosotros, cuando el problema claramente ocurrió dentro del colegio”, dijo.
La familia ha presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), sin que hasta ahora haya una resolución oficial o acciones concretas de protección para el menor.
Patrón de omisiones y permisividad
Según Ramos, el menor agresor ya había sido reportado por conductas violentas en otros colegios, e incluso introdujo pistolas de juguete a las aulas, sin que el colegio actuara con firmeza. “Hay un patrón de permisividad institucional”, asegura.
También denunció que la supervisora escolar de la zona 165, Luz María Montejano Villaseñor, les pidió eliminar toda información relacionada con el caso, lo que consideró un intento de silenciar el proceso.
Al acudir ante la Fiscalía, se le informó que debía acudir por la vía civil, dado que el presunto agresor es menor de edad. Ante la falta de respaldo institucional, Ramos solicitó la intervención de la senadora Ruth González Silva, con la intención de presentar una demanda civil contra el colegio.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una resolución sobre el caso, dejando a la familia en un limbo legal y emocional.
