El Radar
Por Jesús Aguilar
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La situación de las desapariciones en San Luis Potosí es una de las crisis más dolorosas y alarmantes que enfrenta la sociedad potosina. Recientemente, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros S.L.P. A.C. presentó un informe sombra que documenta la grave crisis que atraviesa el estado en este tema. Entre enero de 2018 y mayo de 2023, se han registrado oficialmente 1,818 personas desaparecidas, de las cuales más de 700 aún no han sido localizadas. Este desgarrador dato no es solo una cifra; representa el sufrimiento de numerosas familias que enfrentan el desamparo y la revictimización por parte de instituciones que deberían proteger sus derechos.
La presentación del informe coincidió con una manifestación de madres buscadoras, quienes marcharon desde el Jardín de Tequisquiapan hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Con pancartas, mantas y el nombre de sus seres queridos pintados en las paredes, estas mujeres alzaron la voz en un acto de protesta contra la indiferencia institucional. Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad, expresó con claridad la frustración que sienten: “Esta ha sido una institución donde sus funcionarios solo cobran un sueldo quincenal. Pero ¿quién puede levantar la mano y decir que la Comisión le ayudó?”. Su denuncia refleja la desilusión de muchas familias que no solo enfrentan el dolor de la ausencia, sino también una burocracia que minimiza su sufrimiento y evade su responsabilidad.
El informe no se limita a cifras; recoge relatos desgarradores de mujeres que han tenido que convertirse en investigadoras y rastreadoras en un sistema que les ha fallado. Muchas se encuentran con funcionarios que, en lugar de brindarles apoyo, les dicen que sus familiares probablemente “se fueron por voluntad”. Este tipo de declaraciones no solo es doloroso, sino que también perpetúa la revictimización de las familias.
La crisis de desapariciones en San Luis Potosí se manifiesta de diversas maneras. En el Altiplano, se han documentado campos de exterminio, mientras que en la zona Centro, las desapariciones urbanas, incluidas de mujeres jóvenes y adolescentes, se han multiplicado. La zona Media ha visto un uso alarmante de ácido para disolver cuerpos y se han encontrado fosas clandestinas en municipios como Rioverde. En la Huasteca, la lucha entre cárteles y la colusión de autoridades locales han provocado desapariciones masivas, afectando particularmente a comunidades indígenas y migrantes. Estos patrones evidencian un contexto de violencia sistemática que, lejos de ser abordado, ha sido normalizado.
El informe también señala las deficiencias de las instituciones responsables de atender estos casos. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) opera con recursos limitados y carece del personal y equipo necesario para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. La Fiscalía General del Estado ha sido criticada por filtrar información de las víctimas y por tratar estos casos como meros trámites administrativos, en lugar de abordar las situaciones con la seriedad que merecen. Por su parte, la CEDH, aunque se comprometió a elaborar un informe especial sobre desapariciones, ha fallado en cumplir con esta responsabilidad, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre y desamparo.
El informe sombra concluye con una serie de recomendaciones que aún no han sido atendidas por el Gobierno del Estado. Entre ellas se destacan la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, el fortalecimiento de la CEBP, y la implementación de protocolos diferenciados para atender a mujeres, niñas, migrantes y comunidades indígenas. Sin embargo, más allá de las propuestas técnicas, el documento es un grito de denuncia y una memoria colectiva que se niega a ser ignorada.
Las familias afectadas no se cansan de repetirlo: “No somos acompañantes. Somos las que buscamos. Somos las que exigimos”. Este llamado a la acción es un recordatorio de que la lucha contra las desapariciones es, ante todo, una cuestión de derechos humanos. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de actuar. No solo deben escuchar, sino también implementar políticas efectivas que garanticen la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
En un momento en que la sociedad potosina exige justicia y respuestas, es fundamental que el gobierno tome en serio la crisis de desapariciones. Las madres y familiares de los desaparecidos merecen no solo apoyo, sino un compromiso claro de las autoridades para transformar su dolor en acciones concretas. Es hora de que se prioricen as vidas y derechos de los ciudadanos, y se establezcan mecanismos de búsqueda y justicia que realmente funcionen. La realidad que viven las familias de San Luis Potosí es desgarradora y no puede seguir siendo ignorada.
Es crucial que los gobiernos estatales y federal, junto con las autoridades municipales, respondan con urgencia y efectividad a esta crisis. Se necesita un enfoque integral que no solo contemple la investigación y el esclarecimiento de las desapariciones, sino que también aborde las raíces de la violencia, garantizando la protección de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y sus familias.
Las voces de quienes buscan a sus seres queridos deben ser escuchadas, y sus demandas, atendidas. En un contexto donde la impunidad ha sido la norma, es fundamental que se implementen cambios significativos que restauren la confianza en las instituciones. Las familias de San Luis Potosí no solo buscan respuestas; exigen justicia y el derecho a la verdad.
El llamado es claro: las autoridades deben actuar.
No hay tiempo que perder en la búsqueda de aquellos que han sido desaparecidos. La sociedad potosina merece un Estado que priorice su seguridad y bienestar, y que, ante todo, respete el derecho a la vida y a la justicia.
La lucha de las madres y familiares no es solo por sus seres queridos, sino por un futuro donde la desaparición no sea un destino que aceche a la sociedad. Es momento de que todos, como sociedad, unamos esfuerzos para exigir un cambio real y duradero.
