Por Mario Candia
27/06/25
NO HAY COINCIDENCIAS En política no existen las coincidencias, solo sincronías orquestadas. Y lo ocurrido en México en las últimas semanas es ejemplo de una coreografía de poder donde cada movimiento obedeció a un guion previamente acordado. La historia comienza el 19 de mayo, cuando el nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, acompañado del subsecretario Christopher Landau, visitó Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. La prensa apenas reseñó el encuentro, pero la gravedad de lo que ahí se discutió comenzaría a revelarse poco después.
PREMURA Días más tarde, desde la mañanera, Sheinbaum anunció que se abriría un periodo extraordinario en el Congreso para aprobar reformas “antes de que termine el mes”. La mención de la Guardia Nacional sirvió como cortina de humo. Lo importante era instalar la idea de urgencia. Pero la verdadera prisa no era legislativa: era diplomática.
DEPARTAMENTO DEL TESORO La señal más contundente llegó días después, con la visita a México de Anna Morris, subsecretaria interina del Tesoro de Estados Unidos para Financiamiento del Terrorismo. No fue una llamada ni una nota diplomática: fue la entrega directa, en territorio mexicano, del expediente que ligaba a tres instituciones financieras —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— con operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. En esa misma reunión participó también el embajador Johnson. No era una advertencia, era una exigencia. Y México tomó nota.
LEY ANTI-LAVADO El mismo 25 de junio, casi como respuesta coreografiada, el Senado aprobó sin discusión una reforma a la ley antilavado que otorga superpoderes a la UIF y a la Secretaría de Hacienda: pueden congelar cuentas sin orden judicial, ampliar la vigilancia sobre personas políticamente expuestas y actuar como autoridad ofendida en casos de operaciones ilícitas. Todo en nombre de la transparencia. Todo en nombre del combate al crimen. Todo, en realidad, como maniobra preventiva.
VECTOR Mientras en tribuna se discutía y aprobaba dicha ley, el Departamento del Tesoro hizo público su comunicado, donde acusa a las tres financieras mexicanas de facilitar operaciones millonarias para los cárteles, incluyendo sobornos por más de 40 millones de dólares a Genaro García Luna entre 2013 y 2019. La empresa Vector es el epicentro del escándalo. Propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia de AMLO y uno de sus asesores más cercanos, ahora aparece señalada como parte de una red de blanqueo criminal. Y más grave aún: el actual secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, trabajó en Vector antes de incorporarse al gabinete.
EL DILEMA ÉTICO Es decir, quien hoy concentra facultades extraordinarias para “combatir” el lavado de dinero está directamente vinculado a una de las instituciones bajo sospecha. En cualquier país serio, esto bastaría para exigir su renuncia inmediata. Pero en México, el conflicto de intereses no solo no escandaliza: se institucionaliza. Nadie en el Senado alzó la voz. Nadie pidió una explicación. Nadie, ni siquiera la presidenta, se refirió al evidente dilema ético de que el secretario de Hacienda investigue su trabajo en Vector.
CONFLICTO DE INTERESES Al día siguiente del terremoto político-financiero, Sheinbaum declaró en la mañanera que el sistema financiero mexicano es “muy sólido”, que se están haciendo revisiones desde Hacienda, la CNBV, la UIF y Banxico, y que “no se va a proteger a nadie”. Pero la realidad no necesita retórica: el titular de Hacienda —exempleado de Vector— sigue en funciones, y ahora es precisamente él quien coordina las investigaciones. ¿Cómo puede hablarse de imparcialidad si quien debería ser investigado encabeza la investigación? ¿Cómo puede el gobierno prometer que “no se va a proteger a nadie” mientras mantiene a un funcionario directamente vinculado al epicentro del escándalo?
LEYES A MODO La secuencia lo dice todo: primero la advertencia diplomática, luego el mensaje técnico-personal de Anna Morris, después el anuncio de la presidenta y finalmente la legislación exprés. El Estado mexicano no actuó por voluntad propia, sino porque el mensaje llegó desde Washington: o limpian su sistema financiero, o lo limpiamos nosotros. Y entonces respondieron. No con justicia, sino con leyes a modo.
PACTO SILENCIOSO México no reformó su ley para combatir el lavado. Lo hizo para evitar una crisis mayor, para aparentar control, para disfrazar con tinta legislativa el hedor que emana de su propio entorno. Esta no fue una coincidencia institucional, fue un pacto silencioso entre quienes gobiernan y quienes financian. El gobierno con dicha ley intenta lavar sus culpas. Y lo hizo a toda prisa, antes de que la mancha alcanzara el centro del poder.
Hasta el lunes.
