EL RADAR
Por Jesús Aguilar.
La herida que dejó la Minera San Xavier (MSX), filial de la canadiense New Gold, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, no ha cerrado. Muy por el contrario, sigue supurando corrupción, impunidad y destrucción ambiental. A más de dos décadas del inicio de sus operaciones, el caso se mantiene abierto, no solo por las secuelas ecológicas y culturales que provocó, sino por la opacidad, las irregularidades jurídicas y el manto de protección que hasta hoy la ha mantenido prácticamente intocable.
Ayer 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto —una fecha nacida precisamente de las luchas ambientales como la del Frente Amplio Opositor (FAO) en San Luis Potosí—, vuelve a colocarse sobre la mesa la urgente necesidad de que el gobierno federal, ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, honre el compromiso asumido desde la 4T: poner fin a la impunidad de las mineras nacionales y extranjeras que depredan ecosistemas, violan derechos sociales y destruyen patrimonio histórico, como ocurrió con el cerro que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí.
La minera canadiense no solo dinamitó un símbolo fundacional de la identidad potosina, sino que lo hizo en un entramado de ilegalidades técnicas y ambientales documentadas por activistas como Carlos Covarrubias Rendón. La empresa obtuvo su primer Manifiesto de Impacto Ambiental en 1999, que fue anulado en 2004, para luego recibir otras resoluciones que fueron igualmente impugnadas o reemplazadas. Aún en 2025, MSX no ha cumplido con su plan de remediación ambiental ni con el cierre formal del proyecto.
Pese a las múltiples promesas de restauración, no existen estudios públicos verificables sobre el estado real de los patios de lixiviación, las piletas de sobreflujo o los taludes del tajo abierto. Tampoco hay garantías de que no haya contaminación de mantos freáticos o fugas de metales pesados. La empresa incluso ha intentado adquirir terrenos ejidales para apropiarse del cráter dejado por la mina, sin que se haya completado el trámite de cambio de uso de suelo. Todo esto con la tolerancia —cuando no complicidad— de instancias ambientales federales.
En 2021, los activistas plantearon la necesidad de integrar una comisión investigadora formal en Semarnat, encabezada entonces por María Luisa Albores. Se generó un informe, pero nunca una estrategia concreta. Los tiempos políticos sepultaron el esfuerzo.Hoy, cuando el gobierno de Sheinbaum inicia con la bandera del combate al extractivismo depredador, el caso Cerro de San Pedro aparece como una prueba de fuego de coherencia entre el discurso y la acción.
¿Cuánta agua consumió MSX durante sus años de operación? ¿De dónde la obtuvo y bajo qué permisos? ¿Qué beneficio dejó a San Luis Potosí, al municipio o al estado? ¿Dónde está la inversión que justificó el saqueo? Las preguntas que plantea Covarrubias no tienen respuestas claras. Los recursos entregados por la minera al municipio terminaron, en muchos casos, como herramientas de control político, no en obras públicas ni servicios.
El legado es devastador: un cerro desaparecido, patrimonio histórico destruido, una comunidad dividida y un paisaje mutilado. Pero el daño más profundo quizás sea otro: el precedente de que una trasnacional puede violar leyes, anular ecosistemas y quedarse sin consecuencias.
Por ello, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum será determinante. Durante su campaña, prometió revisar los permisos de minería a cielo abierto, proteger áreas naturales estratégicas y someter a evaluación los proyectos con potencial destructivo. Hoy, con la sierra de San Miguelito bajo acecho de nuevos intereses y con MSX aún operando en la sombra, es momento de pasar del discurso a la acción.
El caso Cerro de San Pedro no solo debe ser revisado, debe ser juzgado. Si el gobierno federal decide mirar hacia otro lado, será cómplice por omisión. Pero si decide actuar, puede marcar el inicio de una nueva política minera: una que ponga al país, al medio ambiente y a las comunidades por encima del oro. El reloj político corre. El cerro ya no está. Pero la justicia aún puede levantarse sobre sus ruinas.
