El RADAR
Por Jesús Aguilar
Mientras los discursos oficiales presumen avances en materia agraria, el ejido La Pila, en San Luis Potosí, es hoy un espejo roto del desmoronamiento institucional que azota al campo mexicano. No se trata de una exageración: hay dos autoridades ejidales en disputa, documentos en pugna, campañas de desinformación, un Registro Agrario Nacional (RAN) que se ausenta y una Procuraduría Agraria muda ante una crisis que no solo pone en riesgo hectáreas de territorio, sino la vida en comunidad y la confianza en el Estado.
La desinformación como arma
El presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, Miguel Adán López Ávalos, ha denunciado una campaña de desinformación orquestada por el grupo de Armando Zárate Arvizu, quien a pesar de haber sido desconocido por la mayoría de los ejidatarios, logró presentar un acta de elección ante el RAN gracias a un amparo judicial. Esta jugada legal —aunque válida en términos formales— se ha convertido en una herramienta para sembrar duda entre los habitantes del ejido. Mientras tanto, el RAN continúa sin dar claridad sobre a quién reconoce legalmente, alimentando el conflicto entre los propios comuneros.
El RAN como actor ausente y permisivo
Desde hace más de un año, el Tribunal Unitario Agrario resolvió quiénes eran los representantes legítimos del ejido. Pero el RAN, en vez de acatar y dar trámite, ha permanecido pasivo, ignorando las notificaciones y dejando el caso en el aire. Esta omisión no es accidental: permite que se impongan figuras al margen del consenso comunal, mediante litigios e incluso estrategias de desgaste mediático, como se denunció recientemente.
Que un comisariado logre ingresar documentación únicamente a través de un amparo, mientras otro con respaldo comunitario espera desde hace meses ser inscrito, retrata un sistema institucional que opera a discreción, sin reglas claras, y que se ha vuelto terreno fértil para el abuso de poder y el despojo legalizado.
Entre impunidad e incertidumbre
Los riesgos son mayúsculos. Como han alertado organizaciones campesinas y académicos de la UASLP, este tipo de vacíos legales abre la puerta al despojo por vía de “asambleas simuladas” o manipulación de documentos. Y La Pila no es excepción: ya antes se había denunciado la intención de parcelar y vender casi 2 mil hectáreas, con presuntas conexiones políticas detrás, lo cual supondría no solo una pérdida territorial, sino también un riesgo ambiental por tratarse de zona recarga del acuífero que abastece a la zona metropolitana de San Luis.
¿Dónde está la Procuraduría Agraria?
La otra gran ausente es la Procuraduría Agraria, que en teoría debería actuar como garante de la legalidad y conciliadora en estos conflictos. Su silencio y nula intervención han dejado a los ejidatarios solos, sin acompañamiento técnico ni jurídico, y con una creciente percepción de que las instituciones han sido tomadas por intereses externos al campo.
¿Y ahora qué?
La situación en La Pila exige acciones inmediatas:
• Que el RAN reconozca y registre de inmediato las resoluciones judiciales agrarias válidas, evitando duplicidades que generan conflictos.
• Que se investigue el uso faccioso del amparo para legitimar comisariados espurios, especialmente cuando se ha denunciado cooptación y desinformación.
• Que la Procuraduría Agraria intervenga con firmeza, garantizando que los derechos colectivos no se vean vulnerados por maniobras legales individuales.
• Que se garantice transparencia en todas las etapas del proceso agrario, con acompañamiento académico y ciudadano.
• Que el gobierno “central” se faje los pantalones e intervenga en el cese inmediato de Ismael Carrillo Ávila.
Una tierra sin certidumbre no es tierra, es amenaza
El caso del ejido La Pila no es único. Se repite, con matices, en comunidades de todo el país. Lo que está en juego no es solo la regularización de papeles: es la supervivencia de una forma de vida basada en el trabajo comunal, el respeto a la tierra y el derecho a decidir sobre el territorio. Mientras el Estado no corrija su abandono, el campo seguirá siendo rehén de intereses que ni siembran, ni cosechan, pero sí destruyen.
