En Estados Unidos, miles de hijos de migrantes que nacieron con ciudadanía han decidido formar patrullas comunitarias para proteger a sus familias y vecinos de redadas migratorias. No llevan armas, pero sí celulares, cámaras y, sobre todo, valor. Se organizan en grupos de tres por auto, recorren calles por la noche y se avisan entre ellos por mensajes: “Eviten la zona”, “Hay movimiento detrás del supermercado”. Todo esto forma parte de una gran red de más de 60 colectivos en Los Ángeles.
Francisco Romero, activista y parte de la organización Unión del Barrio, explica que estas patrullas son lideradas por chicanos ciudadanos. “No por valientes, sino porque tenemos papeles y podemos alzar la voz sin miedo a ser detenidos”, dice. La comunidad no está armada, pero sí decidida a resistir lo que consideran una persecución disfrazada de ley.
Lourdes Blancas, una madre trabajadora que llegó hace 25 años a California, también vive con el miedo diario de ser separada de sus hijos. No tiene papeles, trabaja en la construcción y forma parte del gran grupo de inmigrantes que sostienen la economía estadounidense. A pesar de todo, decidió quedarse. “No me voy porque aquí soy necesaria”, dice con voz tranquila.
Su testimonio coincide con datos oficiales: según el Instituto de Política Económica, si las deportaciones aumentan, habrá millones de empleos vacíos, especialmente en construcción, agricultura y cuidados infantiles. En California, la mitad de los trabajadores del campo no tienen documentos. Sin ellos, la economía se tambalea.
El ambiente en las comunidades latinas está marcado por el miedo. Hay redadas en tiendas, en granjas, en la calle. A veces sólo hace falta un grito para desatar el pánico. “Una vez, alguien gritó ‘¡ahí viene la migra!’ y todos salimos corriendo, hasta los abuelos”, recuerda Lourdes. También denuncia que agentes falsos golpean y detienen sin identificarse, usando placas de plástico y camionetas sin placas. “No sé si son ICE o mercenarios”, dice.
De acuerdo con organizaciones civiles, en estados como California operan sujetos sin rostro, vestidos de civil, armados y con radios. Detienen a migrantes sin mostrar identificaciones oficiales y los entregan a centros de detención. Aunque no se reconoce oficialmente el uso de “cazafortunas”, los activistas están convencidos de que existen y que trabajan con respaldo del gobierno.
En medio de todo este clima de miedo, hay quienes ya no aguantan más. El hermano menor de Lourdes, por ejemplo, decidió empacar y regresar a México. Después de 20 años en Estados Unidos, con dos negocios propios, está enviando sus cosas al sur. “Esto ya parece lo que leí de los nazis”, dice, recordando cómo ICE irrumpió a buscar a un jardinero y destruyó su coche.
No hay cifras oficiales de cuántos inmigrantes se han ido voluntariamente, pero el Departamento del Trabajo registró que un millón de personas nacidas en el extranjero salieron de la fuerza laboral desde marzo. Muchos prefieren regresar por decisión propia antes que vivir escondidos.
El miedo no sólo se respira en casa. En los trabajos, en los mercados, en la escuela, hay humillaciones constantes: insultos racistas, miradas de desprecio y amenazas abiertas. “Te dicen que este no es tu país”, cuenta Lourdes. Por eso, muchos dejan de salir, no pueden comprar comida o pagar la renta.
Romero asegura que ya ni siquiera se sabe quién los está cazando. “La línea entre lo legal y lo ilegal se borró”, afirma. Lo más grave, añade, es que cualquiera puede imitar a estos falsos agentes. En una ocasión, descubrieron que un hombre no era ni ICE ni mercenario, sino alguien que quería perseguir por cuenta propia. Ya hay demandas en proceso por detenciones a ciudadanos.
Martha Santiago, una activista con 35 años en Estados Unidos, también vive con miedo. Dice que ya no camina por su barrio, aunque siempre ha luchado por los derechos de los migrantes. “Sólo voy al trabajo, donde sé que estamos seguros”, comenta. El miedo ha paralizado incluso a los más comprometidos.
La situación es tan crítica que hasta estados como California, que no cooperan con ICE, han sido presionados por el gobierno federal. Bajo el mandato de Donald Trump, incluso se envió a la Guardia Nacional y agentes adicionales, lo que intensificó el clima de persecución en comunidades latinas.
En total, más de 22 millones de personas en Estados Unidos viven en hogares donde hay ciudadanos y también personas sin estatus migratorio. Es decir, millones tienen un pie dentro de la legalidad y otro en la incertidumbre. De ellos, más de 4 millones son niños hijos de padres indocumentados.
Mientras tanto, los grupos de autodefensa siguen patrullando. Los ciudadanos chicanos asumen el rol que las autoridades no cumplen: proteger a su comunidad del miedo, del abuso y de las detenciones arbitrarias. Lourdes, como muchos otros, resume su resistencia en una frase que se niega a callar: “Aquí estoy, aquí me quedo. Es un acto de dignidad”.
