Los intocables del RAN: Monreal, Narro y la telaraña de poder en San Luis Potosí

Por Jesús Aguilar

En el corazón de la burocracia agraria potosina opera un engranaje silencioso pero bien engrasado de influencias, lealtades y pactos políticos que ha logrado mantenerse intocable a pesar de las múltiples denuncias ciudadanas, las quejas internas y los señalamientos públicos. Al centro de esta red se encuentra el actual delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en San Luis Potosí, Ismael Carrillo Ávila, un funcionario que acumula cuestionamientos por mal servicio, nepotismo, favoritismo político y negligencia operativa… y que sin embargo, continúa firme en su puesto. ¿La razón? La protección de un par de tótems del morenismo: los diputados federales Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes.

Desde hace semanas, desde esta columna El Radar hemos documentado, con puntualidad y riesgo, el entramado de intereses que liga a Carrillo Ávila con el grupo político de Narro, quien a su vez ha sido históricamente uno de los aliados de Monreal. 

Lejos de ser una mera estructura partidista, estas “nuevas tribus” de Morena se han convertido en franquicias de poder local y regional que repiten, con alarmante similitud, los vicios del viejo régimen priista: control de plazas, cooptación de delegaciones y manipulación de recursos públicos con fines clientelares.

El caso del delegado Carrillo no es una excepción, sino parte de una lógica que premia la lealtad al grupo sobre la eficacia o la legalidad. Decenas de usuarios agrarios y representantes ejidales han señalado la parálisis institucional en la delegación potosina del RAN, el desdén en el servicio y la discrecionalidad en los trámites, pero ni la Secretaría de Gobernación ni el órgano central del Registro han tomado cartas en el asunto. La razón es política, no técnica: cualquier movimiento en esa silla pasa por el filtro de Monreal y Narro.

¿Será que por fin en el gobierno “central” se están dando cuenta que Carrillo es el eslabón más debil de una cadena de impresentables que no solo dañan al campo potosino, sino a la 4T en un espacio donde les urge ganar credibilidad?

Pero lo verdaderamente preocupante es que estas redes de complicidad no solo dominan oficinas burocráticas, sino que se vinculan a intereses mucho más oscuros. En 2022, el periodista Héctor de Mauleón reveló en El Universal que José Narro Céspedes fue visto en una reunión con Gerardo Vázquez, alias El Gerry, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, y con el entonces candidato y hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. La fotografía y los reportes de inteligencia confirmaban una cercanía incómoda entre el crimen organizado y operadores políticos de la 4T en la región noreste del país.

Desde entonces, Narro ha evitado cualquier explicación seria sobre su relación con El Gerry. Y como suele pasar en este país, el escándalo fue absorbido por la saturación informativa y el silencio institucional. 

https://latinus.us/portada/2022/9/21/jose-narro-borra-de-su-cuenta-de-twitter-las-fotos-en-las-que-aparece-con-americo-villarreal-con-el-gerry-presunto-operador-del-cartel-del-golfo-73098.html

¿Por qué una figura con semejante señalamiento sigue teniendo injerencia directa en delegaciones clave como la del RAN en San Luis Potosí? 

¿Qué precio está pagando Morena por sostener a cuadros políticos que arrastran ese tipo de sospechas?

Ricardo Monreal, por su parte, ha hecho de la ambigüedad un arte: juega a ser institucional pero nunca se desvincula del todo de los suyos. Aunque ha perdido peso dentro del círculo cercano de Claudia Sheinbaum, sigue teniendo una base de operadores leales colocados estratégicamente en varias entidades. Ismael Carrillo es uno de ellos.

La permanencia de personajes como Carrillo Ávila en puestos públicos sin rendición de cuentas, sostenidos por figuras como Narro o Monreal, exhibe el fracaso del discurso regenerador de Morena en muchos niveles del gobierno. La promesa de acabar con el nepotismo y la corrupción se diluye cuando se confronta con las realidades de una política tribal, donde lo que importa no es el bien común, sino la pertenencia al grupo.

San Luis Potosí merece algo mejor que ser botín de una red de complicidades que nada tiene que ver con la justicia agraria ni con los intereses del pueblo. El problema no es solo Carrillo. Es el sistema de impunidad que lo protege. Es la cúpula morenista que tolera —o se beneficia— del caos. Y es también, en parte, el silencio de quienes pudiendo romper estas redes, prefieren mirar hacia otro lado.

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