Durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal el pasado 26 de julio en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, se reveló por primera vez la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado, un hecho sin precedentes en el estado.
Este descubrimiento ha generado conmoción en una entidad que tradicionalmente se había considerado una de las más seguras del país. El Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados calificaron el lugar como campo de adiestramiento durante la audiencia judicial del 1 de agosto, mientras que el fiscal estatal, Manuel Alonso García, mencionó que en ese espacio se realizaban labores de vigilancia para un grupo criminal.
En el sitio se encontró un arsenal compuesto por armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y más de 700 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, se aseguraron objetos personales, alimentos y utensilios. Entre los detenidos figuran dos colombianos, uno con doble nacionalidad venezolana, así como personas originarias de Michoacán, Guanajuato y Coahuila.
De los arrestados, dos son menores de edad y al menos cuatro tenían reportes recientes de desaparición: Felipe Hernández Valdivia (39 años), Emanuel Núñez (28), Arturo García Yáñez (22) y Carlos Antonio Esparza Medina (18). Este último, cuya madre Cynthia Medina forma parte del colectivo “Buscando Personas, Verdad y Justicia”, había desaparecido tras aceptar un trabajo en Guadalajara.
Cynthia Medina relató entre lágrimas cómo reconoció a su hijo en las fotos de los detenidos y lo visitó en prisión, donde estaba golpeado y maltratado, aunque le aseguró que estaba desarmado al momento de la detención.
Las autoridades ofrecen versiones distintas sobre la detección del campamento. El fiscal estatal atribuye el operativo a denuncias anónimas previas, mientras que el Ministerio Público Federal indicó que se activó tras un ataque a un helicóptero de seguridad desde el lugar.
El hallazgo provocó una ola de violencia en Aguascalientes, con incendios de tiendas, vehículos y bloqueos en carreteras. También se reportaron dos cuerpos calcinados en los límites de Tepezalá y Pabellón de Arteaga. Las detenciones por estos hechos fueron nueve, aunque solo dos están ligados directamente con los incendios.
Desde 2023, la inseguridad ha crecido en el estado, con aumentos del 72.1% en incidencia delictiva y del 28.4% en prevalencia, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Las desapariciones y extorsiones también han aumentado considerablemente.
La jueza Yuridia Bello Camacho, responsable de la audiencia, pidió investigar lesiones que presentan los detenidos, entre ellas quemaduras y golpes graves. Además, se denunció que los jóvenes estuvieron privados de libertad por varias horas sin ser presentados ante autoridades, y ninguno de los policías, militares o elementos de la Guardia Nacional vinculados al caso asistió a declarar.
Los detenidos enfrentan cargos por acopio y posesión de armas, asociación delictuosa y delitos contra la salud, con agravantes por disparar contra autoridades federales en algunos casos. La Fiscalía Federal solicitó su traslado a penales federales en Guanajuato, Michoacán y Chiapas para evitar que tomen control del penal estatal, medida que preocupa a las familias debido a la distancia y condiciones económicas.
El Centro Penitenciario local ha recibido malas calificaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por deficiencias en atención médica, hacinamiento y violaciones a derechos humanos, entre otras irregularidades.
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) y el colectivo “Buscando Personas” denunciaron un patrón de reclutamiento forzado y desapariciones vinculadas a falsas ofertas laborales y violencia criminal, que ha afectado a jóvenes en la región. Sin embargo, el fiscal estatal ha negado la existencia de desaparición forzada, atribuyendo los casos a decisiones propias de los jóvenes.
No obstante, en abril pasado la Fiscalía especializada reconoció casos de jóvenes que fueron engañados con falsas ofertas de empleo y trasladados a otros estados donde fueron privados de su libertad.
Este complejo caso pone en evidencia el aumento de la violencia y el desafío que enfrentan las autoridades y familias para proteger a las juventudes de Aguascalientes y de México.
