Trinchera.
Por Redacción.
En un contexto donde las finanzas públicas de los estados mexicanos enfrentan escrutinio constante, la Secretaría de Finanzas (Sefin) de San Luis Potosí ha dado un paso al frente para aclarar una cifra que podría haber generado alarma: una línea de crédito por hasta 7 mil millones de pesos. Lejos de ser un endeudamiento consumado, esta autorización representa un techo máximo, un respaldo financiero diseñado para emergencias de liquidez, no un cheque en blanco para gastos descontrolados. Esta explicación, ofrecida por la titular de Sefin, Ariana García Vidal, no solo desmitifica el tema, sino que ejemplifica un ejercicio de responsabilidad institucional en medio de presiones económicas y políticas que azotan al país.
Recordemos los hechos. La línea de crédito en cuestión se refiere a préstamos quirografarios, es decir, sin garantías específicas, autorizados por agencias calificadoras tras evaluaciones trimestrales del desempeño fiscal potosino. El estado mantiene una calificación crediticia de “A”, un nivel sólido que refleja una gestión prudente, aunque no exenta de desafíos. Históricamente, San Luis Potosí ha recurrido a estos mecanismos, especialmente al cierre del año, para cubrir obligaciones financieras y gastos de fin de ejercicio, como el contratado en diciembre del año anterior. Sin embargo, esta práctica recurrente no pasa desapercibida: Fitch Ratings, una de las agencias clave, ha expresado preocupaciones por el uso excesivo de deuda a corto plazo, lo que derivó en una degradación de “A+” a “A”.ce2a35
Aquí radica el núcleo de la responsabilidad. En lugar de ignorar las señales de alerta o minimizarlas con retórica vacía, García Vidal ha sido enfática: “Este monto no representa un monto ya contratado, sino un límite máximo disponible que el Gobierno del Estado podría utilizar si fuera necesario, siempre en función de su capacidad de pago”.c919dc Es decir, no se trata de un endeudamiento automático, sino de una herramienta de respaldo para necesidades temporales. Esta precisión no es menor en un panorama nacional donde estados como Veracruz o Michoacán han lidiado con deudas abultadas que comprometen generaciones futuras.
San Luis Potosí, en cambio, opta por la transparencia: el techo de 7 mil millones se ajusta según el presupuesto estatal y el comportamiento fiscal, y podría incluso reducirse si el desempeño empeora.
Pero ¿de dónde surge la “máxima presión” que menciono? Pensemos en el contexto más amplio. México atraviesa un periodo de incertidumbre económica post-pandemia, con inflación persistente, recortes federales y demandas sociales crecientes. En San Luis Potosí, como en otros estados, las presiones incluyen el pago de nóminas, inversiones en infraestructura y respuestas a emergencias como sequías o inseguridad. A esto se suma el escrutinio político: opositores y medios podrían interpretar cualquier línea de crédito como un signo de debilidad o despilfarro. Frente a esto, la Sefin no solo aclara los hechos, sino que insinúa un compromiso futuro: evaluar la moderación en la contratación de créditos para evitar más degradaciones en la calificación.
Es un acto de madurez fiscal, priorizando la sostenibilidad sobre soluciones cortoplacistas.
Este enfoque contrasta con prácticas opacas en otras entidades, donde las deudas se acumulan sin explicaciones claras. En San Luis Potosí, la insistencia en que “la existencia de una línea de crédito autorizada no implica que se haga uso total o inmediato de esos recursos envía un mensaje poderoso: la responsabilidad no es solo pagar deudas, sino gestionarlas con visión de largo plazo.
Es un recordatorio de que, en tiempos de presión máxima, la verdadera fortaleza radica en la prudencia y la comunicación abierta.
Ojalá más gobiernos adopten esta postura. San Luis Potosí no está exento de riesgos —la dependencia de créditos a corto plazo podría agravarse si no se diversifican ingresos—, pero al final ejercer esa capacidad con planeación es la única fórmula para establecer un presente sólido.
